El pleno del Ayuntamiento de Almassora votó ayer (con el OK de Compromís y PSPV y la abstención de la oposición) a favor de instar a la Generalitat a dejar sin efecto el acuerdo de la comisión bilateral entre el Ministerio de Fomento y la Comunitat, relativo a la regeneración del área del 167 de la avenida José Ortiz, conocida como Grupo B, dotado con 1,7 millones de euros. Un convenio que suscribió la alcadesa, Susanna Nicolau, hace un año, contradiciendo un acuerdo plenario aprobado nueve días antes en el que se solicitaba al Consell el derribo del inmueble.

Precisamente, fue Nicolau la encargada de presentar durante la sesión plenaria la propuesta, que detalla la lista de alternativas de uso que han sido finalmente descartadas al no ser viables, como el cuartel de la Guardia Civil o las viviendas tuteladas.

BLOQUES VACÍOS // El texto apunta que «la única opción aceptable para el Ayuntamiento de Almassora es la demolición de las actuales viviendas, que se encuentran vacías y en un estado de conservación ruinoso». Y es que los dos bloques están vacíos después de que el último residente haya abandonado la finca. El desalojo, programado para el 31 de diciembre del 2014, se ha prolongado cerca de dos años ante la resistencia de algunas familias.

Fuentes del equipo de gobierno incidieron en que el objetivo es «cumplir con las peticiones trasladadas por parte de los vecinos de las zonas cercanas». No en vano, la adhesión al convenio de rehabilitación cayó como un jarro de agua fría entre los vecinos, que prepararon una serie de acciones reivindicativas.

«Es necesario que el Consell entienda que el edificio ha sido una fuente de conflictos durante décadas para Almassora y que mantenerlo significa perpetuar el recuerdo de esa lacra», aseguró la alcaldesa. La primera edila hizo hincapié en el pleno en el «lamentable estado de la estructura exterior e interior, una degradación que difícilmente podrá ser subsanable» y que les lleva «a contemplar el derribo como única salida». Por su parte, Merche Galí destacó «la firmeza de la posición del Ayuntamiento de Almassora, en consonancia con las demandas de los vecinos».

Por su parte, el portavoz del PP, Luis Martínez, acusó al equipo de gobierno de «desperdiciar» un año para demoler este inmueble y recalcó que no van a «ser cómplices de la pérdida de 1,7 millones de euros». «Ustedes decidieron sin contar con el resto de grupos firmar un convenio en contra de un acuerdo plenario que exigía el derribo. No busquen ahora los apoyos», señaló. H