Tras una larga espera ya se ha concretado la fecha definitiva para la vista del juicio que enfrentará al Ayuntamiento de Benicarló y a la Diócesis de Tortosa y en el que cada estamento defenderá como propia la titularidad del campanario de la localidad. La cita está prevista para el próximo día 22 de mayo y tendrá lugar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vinaròs. La alcaldesa, Xaro Miralles, recordó que «han pasado cinco años desde la inmatriculación y ahora, en mayo, se celebrará la vista».

Fue, como apuntó la primera edila, en el 2015 cuando se inició el conflicto sobre la pertenencia de la emblemática torre. A principios de junio de ese año, y con el popular Marcelino Domingo al frente del consistorio, se recibió en un edicto remitido por el Registro de la Propiedad en el que se notificaba que el Obispado, amparándose en la modificación de la ley hipotecaria, inscribió de su propiedad la edificación. Ya entonces, la primera reacción fue de sorpresa y, suponiendo que se trataba de un error, el ejecutivo local intentó solucionar la cuestión, sin resultado. Semanas después, las elecciones municipales colocaron a la socialista al frente de la alcadía que, lejos de aparcar el asunto, continuó con las gestiones para lograr recuperar la posesión de este monumento.

Con este objetivo, iniciaron conversaciones con los representantes de la sede eclesiástica tortosina para llegar a un acuerdo y zanjar el conflicto por la vía amistosa. Sin embargo, el acercamiento no obtuvo el éxito esperado y el Obispado se mantuvo firme reconociéndose como legítimo tenedor del bien inmueble que se levanta junto al templo parroquial de Sant Bertomeu. De hecho, en el certificado que se expidió en el momento en que se realizó la modificación, la torre y la iglesia estaban incluidas en el interior de una misma parcela.

Ante las infructuosas negociaciones, el equipo de gobierno local optó por recurrir a la vía judicial y presentó una demanda por lo civil en los juzgados de Vinaròs contra la diócesis, para que finalmente sea en los tribunales donde se dirima la titularidad.

La denuncia municipal fue admitida a trámite en el mes de marzo del pasado año y, en concreto, solicita que sea anulada la inscripción que figura en el catrastro que certifica que el órgano religioso es el dueño de la torre y, en consecuencia, revertir la legitimidad a la localidad. Para defender sus argumentos e intereses, la administración local aportará documentos, informes y material gráfico que, durante varios meses y en la fase de instrucción, recopilaron entre el archivero municipal y los servicios jurídicos consistoriales.

Por la naturaleza del procedimiento, inicialmente se presupone por las partes que no será necesario citar a testigo alguno y bastará con que los abogados de las dos partes presenten los diferentes informes pertinentes.

Visto para sentencia

Concluida la vista, será necesario esperar como mínimo dos semanas para conocer el veredicto y, una vez dictada la sentencia, si alguna de las partes no está conforme, tendrá la posibilidad de recurrir a instancias superiores, lo que alargaría aún más el procedimiento.

Este conflicto también caló cuando salió a la luz entre la ciudadanía y, ya en su día, quedó patente la división de opiniones entre los que sostenían que la torre pertenece al pueblo y los que defendían entonces que forma parte indivisible de las propiedades del organismo eclesiástico.