El cazador, cazado. Así se puede resumir lo que sucedió hace unos días en Moncofa, durante un control de tarjetas de minusvalía en vehículos estacionados en zonas para conductores con alguna discapacidad. Y es que la Policía Local detectó varias autorizaciones falsificadas, entre ellas, la que llevaba consigo un intendente de la Policía Local de València.

Los hechos ocurrieron el 20 de marzo, cuando un agente del cuerpo de seguridad moncofense se percató de que la que mostraba un vehículo aparcado en la zona para minusválidos que hay frente al Ayuntamiento tenía apariencia de estar manipulada.

proceso de IDENTIFICACIÓN // A los pocos minutos se acercó el propietario del automóvil, con las iniciales A.V.V. y de 60 años que, a simple vista, no mostraba ningún tipo de incapacidad y le requirió la acreditación correspondiente. El conductor se dirigió al policía, identificándose en ese momento como mando del cuerpo de la capital del Turia.

La comprobación de la tarjeta confirmó la falsificación, dado que el sello del Ayuntamiento de València estaba manipulado y el color de la misma también denotaba sospechas. Entre las ellas estaban las firmas, en las que se notaba un raspado en dicho espacio, incluida la rúbrica de la concejala de Bienestar Social del consistorio de València, como apuntan fuentes cercanas al caso.

El agente solicitó los papeles del dueño del coche y en ese momento supo que estaba frente a un intendente, motivo por el cual e requirió también la documentación personal. Desde la jefatura de la Policía Local de Moncofa se pusieron en contacto con la Oficina de Discapacitados de València y les confirmaron que el número de esta tarjeta pertenecía a una mujer nacida en el año 1921 y que, por lo tanto, tendría 97 años en la actualidad.

Además, la supuesta titular causó baja por emigrar a otro municipio en el 2014. Sin embargo, en la misma figuraba la fotografía y firma del mando, indicios de un supuesto delito.

Con todo ello, se le intervino y se han abierto diligencias por un presunto delito de falsedad documental y uso ilegítimo de documento público y se han puesto a disposición de la autoridad judicial los informes elaborados sobre esta cuestión para que adopte la decisión correspondiente.