La Conselleria de Educación esperará a recibir la carta oficial del Ayuntamiento de Benicàssim para responder a la petición de retirar un mapa de los Països Catalans. Aunque el mismo lleva en el interior del IES Violant de Casalduch ya muchos años, ha sido ahora, en el contexto del debate de la independencia de Cataluña en la actualidad diaria, cuando se ha desatado la polémica.

El concejal de Educación del consistorio benicense, Javier Alonso, remitió el pasado 19 de diciembre una carta a la inspectora de la Conselleria de Educación y a la dirección del instituto exigiendo la eliminación del mismo.

Alonso explicó que han sido «numerosos los padres de alumnos que se han dirigido al consistorio poniendo en conocimiento de su presencia» y pidiendo que actúen ante «esta irregularidad grave». A lo largo de este mes, «más de una veintena de progenitores han presentado sus quejas», argumentó. «Consideramos que un centro educativo debe y está obligado a transmitir el conocimiento de una manera aséptica», matizó el concejal.

Por su parte, desde la Conselleria de Educación lamentaron ayer que el «PP en la Comunitat lleva un tiempo estigmatizando la gran tarea que realiza cada día el profesorado valenciano». En este sentido, Alonso remarcó: «Por nuestra parte, no hay ninguna acusación a los docentes, más bien todo lo contrario, ya que se desconoce quién lo colgó».

Fuentes del departamento autonómico afirmaron ayer a este periódico: «Todavía no hemos recibido ninguna carta y el centro está cerrado por vacaciones. Por lo tanto, ante un comunicado así, la Conselleria quiere tener los papeles delante». «De inspección educativa no tenemos ninguna referencia tampoco. Hay que ver realmente sobre lo que se está hablando en la actualidad. Por lo tanto, hasta que no exista constancia real no nos pronunciaremos», manifestaron.

Alonso mantuvo que «se trata de un mapa político» y no lingüístico. Y reiteró que es la Conselleria el órgano competente de ordenar su inminente retirada.

INVESTIGACIÓN // Asimismo, el concejal de Educación pidió a la Generalitat que «realice una investigación y un informe sobre quién lo colocó y cómo fue posible que un mapa de estas características apareciera en un centro educativo que debe ser apolítico».

Alonso les recordó que esa «distinción territorial no se recoge en ningún documento y contraviene no solo el estatuto de la Comunitat Valenciana, sino también la Constitución y que, por tanto, hay motivos legales más que suficientes para proceder a una retirada inmediata». La polémica está servida y en las redes sociales es uno de los temas estrella.