El edificio 167 de la avenida José Ortiz de Almassora, conocido como el Grupo B, no albergará viviendas de protección oficial, como prevé el convenio firmado entre Conselleria, Ministerio y Ayuntamiento. La directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat valenciana (EIGE), Blanca Marín, explicó en una reunión mantenida en la casa consistorial almazorense que su departamento estudia dos proyectos alternativos. En el encuentro participaron la alcaldesa, Susanna Nicolau, representantes de la oposición y vecinos.
Fuentes del organismo autonómico explicaron que, en la actualidad, están a la espera de recibir respuesta oficial de la Guardia Civil a la propuesta de levantar una casa cuartel en la zona que ahora ocupan los bloques. De no ser aceptada, la otra posibilidad es la construcción de una residencia de la tercera edad y soluciones habitacionales para este colectivo. Esta cuestión debería ser consensuada con los vecinos de la zona, aunque las opciones planteadas por el Consell no están lejos de las reivindicaciones vecinales. En ambos casos, los proyectos se llevarían a cabo con lo presupuestado en el convenio.
NO A Los pisos // Los vecinos han conseguido que se escuchen buena parte de sus reivindicaciones, que pasan, sobre todo, por intentar que la rehabilitación del edificio no sirva de pretexto para construir viviendas sociales. “Nosotros no queremos pisos, preferimos que renuncien al dinero”, puso de manifiesto la presidenta de la Asociación de Vecinos del Grupo Fátima, Marisol Fernández, tras salir de la reunión. Por su parte, desde el equipo de gobierno se mantiene la postura de que “se escuche a los afectados y se redefina el convenio para no conservar los usos actuales”.
La representante vecinal mostró el malestar de los residentes ante la indefinición del futuro del edificio en el encuentro, que se produce después de que, el 4 de enero, tuviera lugar la primera toma de contacto entre todas las partes. Entonces, igual que ayer, los vecinos reivindicaron el derribo del inmueble y plantearon posibles alternativas que Marín se comprometió a estudiar y a dar una respuesta definitiva. Sin embargo, las opciones siguen en la actualidad sobre la mesa.
El Ayuntamiento de Almassora suscribió el pasado 28 de octubre un convenio a tres bandas para regenerar el inmueble y su entorno a través de una inversión de 1,7 millones. Un hecho que levantó el malestar de vecinos y de los grupos de la oposición. Sin embargo, en el pleno de enero, el Ayuntamiento en pleno aprobó por unanimidad una moción para la renegociación del convenio de rehabilitación para transformarlo en derribo. H
