La Diputación de Castellón, titular de la planta de purines sin uso de Sant Mateu, donde se concentraron más de 600 personas en una fiesta ilegal durante más de tres días, instalará medidas de vigilancia para evitar que se puedan volver a producir casos similares. Y las implantará en sus cuatro instalaciones de este tipo existentes en la provincia que permanecen cerradas desde hace años: Sant Mateu, Vall d’Alba, la Salzadella y Albocàsser.
Técnicos de la institución provincial se desplazaron ayer hasta la infraestructura para conocer el estado en que quedó tras el evento, concretar si existen afecciones en el interior del recinto y evaluar los daños ocasionados.
En este sentido, el diputado provincial de Desarrollo Rural, Santi Pérez, explicó que los perjuicios causados se limitan a la rotura de un tramo del vallado, por el que accedieron los asistentes de la fiesta ilegal, y la puerta de entrada a la planta, daños que deberán subsanar junto a las tareas de limpieza para adecentar las instalaciones tras más de 100 horas de rave ininterrumpida.
No obstante, para que no pueda volver a ocurrir un episodio similar, la Diputación ha encargado un estudio presupuestario para determinar qué tipo de control es el más conveniente y rentable en estos casos. «Los daños se tienen que arreglar, sí o sí, y para prevenir nuevos casos en el futuro evaluaremos si se instala una alarma o cámaras de videovigilancia en las plantas como medidas de protección», comentó.
investigación // Mientras tanto, las Guardia Civil continúa con las investigaciones para tratar de determinar la identidad de los organizadores de la fiesta ilegal, que se convocó a través de mensajes de Whatssap, y que se saldó sin incidentes. La Diputación interpuso la denuncia con la finalidad de promover las acciones judiciales pertinentes y reclamar responsabilidades a los promotores. «Alguien tuvo que alquilar el equipo electrógeno», recordó.
