El exalcalde socialista de Vinaròs Jordi Romeu ha sido condenado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón a tres años de inhabilitación para empleo o cargo público y el abono de las costas procesales por un delito continuado de prevaricación administrativa. Romeu fue investigado por la realización y adjudicación directa, en su condición de primer edil, de contratos administrativos, generalmente de prestación de servicios, durante los años 2007 y 2008, «sin observar el procedimiento y la legislación administrativa de contratación y a sabiendas de que no era el procedimiento legal».

Los importes de estas contrataciones ascienden a más de 500.000 euros. Entre ellas se encuentran la realización de esculturas de arena, diversas obras, limpieza de dependencias municipales, iluminación para fiestas, fuegos artificiales, adecuación de imbornales o la organización de una cabalgata de reyes.

Según la resolución judicial, «hubo una omisión reiterada del procedimiento de contratación correspondiente en atención a las cuantías» e «incluso, en algunos casos, se fraccionó en varias facturas ajustadas al límite cuantitativo de contrato menor que por su objeto respondían a un único contrato y en varias ocasiones con las mismas empresas, que eran elegidas por la propia voluntad del alcalde, que resultaron beneficiadas respecto a las restantes con las que no se llamó a contratar». El tribunal también entiende que «no se trató de una actuación aislada y determinada en el tiempo, sino que consistió en una práctica o modo de proceder reiterado», y que, en su condición de primer edil, «tenía pleno conocimiento de que su actuación resultaba ilícita y era ajena al procedimiento legal».

El Juzgado de lo Penal número uno de Vinaròs ya condenó a Romeu por estos hechos, aunque el exalcalde recurrió y ahora la Audiencia Provincial de Castellón ratifica dicha sentencia.

anomalías // El Juzgado de Vinaròs abrió la causa contra el Ayuntamiento y el mismo Romeu motivado por una querella presentada a principios del ejercicio 2012 por la Fiscalía de Castellón. El Síndic de Comptes, en su informe de fiscalización, detectó anomalías en la adjudicación de diferentes obras y servicios durante el ejercicio del 2008.