La Fiscalía solicita que la investigación sobre el exalcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, acusado de los presuntos delitos por el uso continuado de información privilegiada por autoridad, negociaciones prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales mientras era el primer edil de la localidad castellonense se tramite por el procedimiento del Tribunal del Jurado.
Después de que la Audiencia Provincial anulara el pasado noviembre el auto de la jueza de octubre del 2018 y y solicitara al Ministerio Público que volviera a iniciar la fase de instrucción del caso --por el que reclamaba 11 años de prisión para Martínez-- para exigir una mayor concreción de los hechos y subsanar defectos hallados en la investigación, el fiscal reclama que se efectúe el cambio a procedimiento ante el Tribunal del Jurado.
Y para ello alude al acuerdo del pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 marzo del 2017, que considera, entre otros, que «cuando se atribuyan a una sola persona varios hechos delictivos cometidos simultáneamente en unidad temporo-espacial y uno de ellos sea competencia del Tribunal del Jurado, se considerarán delitos conexos por analogia...» por lo que, «si deben enjuiciarse en un único procedimiento, el Tribunal del Jurado mantendrá su competencia sobre el conjunto». Y en el caso del exalcalde de Vall d’Alba, dos de los delitos que presuntamente se le atribuyen son de competencia de este tribunal. Se trata de negociaciones prohibidas a funcionario y malversación de caudales públicos.
El auto de la jueza de octubre de 2018 consideraba que el exalcalde de Vall d’Alba y exvicepresidente de la Diputación, presuntamente, se aprovechó de su cargo para obtener un beneficio económico en la compraventa de terrenos, mediante distintos negocios urbanísticos, porque tejió un entramado de empresas --Fravaltur, Gestintur y Prodever--, en colaboración con su hija, Andrea Martínez, y su socio, Raúl Babiloni.
La Audiencia estimó el recurso presentado por Martínez amparándose en que ni jueza ni Fiscalía en la fase de investigación dejaron claro la relevancia punible de los hechos. Y pidió que los hechos que expone la acusación estuvieran mejor pormenorizados.
Nuevas diligencias
Por ello, ahora, el Ministerio Público solicita al Juzgado de Instrucción 4 de Castellón la práctica de determinadas diligencias por entender que «con la nulidad acordada, las exigencias de concreción a que se refiere el auto solo pueden ser desarrolladas tras la ampliación de la instrucción», según recoge el escrito, al que ha tenido acceso este periódico.
Sentencia sobre la depuradora de Borriol
En este sentido, interesa que se tome declaración a una treintena de testigos y que se aporte la sentencia de la Audiencia referente a la depuradora de Borriol --ratificada por el Tribunal Supremo- que condenó al expresidente de la Diputación a 8 meses de prisión como autor de un delito de negociación prohibida a funcionarios.
Otras diligencias solicitadas son la reclamación al Ayuntamiento de Vall d’Alba de certificación sobre las abstenciones que hubiera presentado el investigado en su calidad de alcalde en los expedientes de agregaciones y segregaciones de fincas entre los años 2005 y 2014, así como pedir a la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón información sobre la vigencia de diversos programas. Y que vuelvan a declarar los investigados.
Un escrito al que se adherirá la acusación particular que aún ejerce el que fuera principal lider del PSPV en Vall d'Alba, Fernando Grande, el 'azote' de Martínez, que dimitió como concejal y líder socialista local el pasado diciembre, al sentirse «abandonado» por parte de la dirección provincial.
