Equipo de gobierno y oposición cerraron ayer filas en el ayuntamiento de Benicàssim para defender la legalidad de los contratos que fueron requeridos el martes por tres agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil durante cuatro horas dentro de la operación Térmyca, que investiga una presunta trama de corrupción con las empresas Efial y CGI en 10 provincias, y que se saldó con la detención de 11 personas en la macrooperación, ninguna en Benicàssim.
Los técnicos municipales explicaron al equipo de gobierno y a los portavoces de los partidos de la oposición los detalles de la actuación de la corporación y la “legalidad” de la documentación requerida, según trasladó la alcaldesa, Susana Marqués. Estuvo acompañada en rueda de prensa --posterior a la junta de portavoces-- de los representantes del PSPV, Miguel Alcalde; y de Ciudadanos, Cristina Fernández, con la ausencia de Compromís, Ara y ARB. Aunque estos concejales no se quedaron a la comparecencia, “nadie ha cuestionado nada de los aspectos técnicos”, según señaló Miguel Alcalde.
Susana Marqués aclaró que no se realizó “ningún registro a las dependencias municipales”. “Los agentes llegaron con una petición de documentación; tampoco se ha intervenido ningún despacho; no se tomó declaración a nadie, ni se investigó a ningún funcionario, ni a ningún político”, dijo, e indicó que el cuerpo técnico del Ayuntamiento “ayudó y colaboró con máxima diligencia, rapidez y eficacia en el suministro de la documentación reclamada”.
INVESTIGACIÓN // La Benemérita buscaba, en el marco de una investigación judicial, contratos relacionados con cuatro empresas, aunque el Ayuntamiento de Benicàssim únicamente ha contratado trabajos a una de ellas, CGI, según certificó in situ el departamento de Intervención. En concreto, la gestión del cobro de impuestos desde el año 2009.
Susana Marqués indicó que los agentes abandonaron la casa consistorial “sin nuevas noticias ni peticiones al respecto, tardaron cuatro horas en fotocopiarse todos los expedientes del 2009 con todas las empresas que formaron parte de aquel proceso de contratación, y las que en el presente 2016 formaron parte del contrato de administración”.
De momento, el equipo de gobierno no se plantea rescindir el contrato. “Es todavía muy pronto. Queremos que se aclare cuanto antes y que se restituya el nombre de Benicàssim”, afirmó la primera edila. Marqués lamentó que se “haya querido convertir en un caso de corrupción una mera solicitud de información por parte de un juzgado”, y recalcó que la actuación de este equipo de gobierno y de esta alcaldesa “ha sido correcta, transparente, y que está fuera de toda duda”.
Por su parte, Alcalde reconoció haber “revisado todos los expedientes de contratación y todo está correcto. No hay motivo para la alarma. No hay ni facturas extraordinarias por servicios que no se hayan prestado, ni que estén fuera de contrato. El equipo de gobierno actual y el anterior han actuado perfectamente en este tipo de contratos”, manifestó.
Cristina Fernández, portavoz de Ciudadanos, lamentó “la mala imagen que se ha querido transmitir del municipio, que es lo más importante ahora y que habrá que restituir”. H
