El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vinaròs ha admitido a trámite la demanda del Ayuntamiento de Benicarló contra el Obispado de Tortosa por la titularidad del campanario. La denuncia incluye toda la documentación que el consistorio ha podido recopilar desde que, en junio del 2015, se enteró de que la diócesis había inscrito en el Registro de la Propiedad el campanario de la iglesia de San Bartolomé. Por ello, incorpora toda la documentación histórica relativa al campanario e incluye también el pago de las facturas de la luz, reparaciones o tareas de mantenimiento.

Las acciones judiciales que ahora comienzan, con la admisión a trámite de la demanda, continuarán en la fase de instrucción con la recopilación de datos y argumentos de las dos partes. El proceso podría alargarse más de un año y, una vez dictada la sentencia, todavía habría posibilidad de recurrir a instancias superiores.

El conflicto sobre la propiedad del campanario comenzó a principios de junio del 2015, cuando llegó al consistorio un edicto del Registro de la Propiedad notificando que el Obispado se había inscrito a su favor una finca con un certificado catastral donde incluía el templo y la torre.

Aunque, en un principio, la voluntad del equipo de gobierno era resolver la polémica de manera amistosa, la Iglesia se afianzó en la propiedad del campanario al asegurar que les «pertenece desde tiempos inmemoriales como parte inseparable del templo». Incluso el vicario general, el benicarlando mosén José Luis Arín, en representación del Obispado, intentó en su momento calmar los ánimos y apaciguar el clima de crispación generado con el tema, pero manteniéndose en sus trece. Por ello, el consistorio inició los trámites para trasladar el conflicto a los tribunales.

procedimiento inicial // La alcaldesa, Xaro Miralles, destacó en su día que el anterior equipo de gobierno del PP ya inició un procedimiento para inscribir al consistorio como propietario y existe un consenso político ante esta demanda. El arquitecto municipal realizó en el año 2012, a petición de Patrimonio, un informe para regularizar esta situación y reclamar la titularidad.

De hecho, entre los documentos del expediente municipal, como apuntó la primera edila, «consta que en la legislatura 1987-1991, el entonces alcalde Juan Vicente Rambla ordenó al arquitecto que elaborase un informe para derruir la caseta entre el campanario y el templo religioso, y la Iglesia no presentó alegaciones porque tenían asumido que no poseían derechos». Y existen textos, redactados por Ramón Cid, que reflejan la titularidad municipal del mismo.