Nueva vuelta de tuerca judicial en el caso Castor. El juez ha declarado la “complejidad de la causa”, a propuesta del Ministerio Fiscal, y extiende el plazo de duración de la instrucción de la misma hasta 18 meses a contar desde el 6 de diciembre del 2015, es decir, hasta junio del 2017. Y el plazo puede prorrogarse otros 18 meses, con lo que cabe la posibilidad, “y podría ser bastante probable”, según fuentes cercanas al caso, de que se alargara hasta finales del 2018. Cabe recordar que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal fija un plazo máximo ordinario de seis meses para la instrucción de las causas penales sencillas y de 18, con la posibilidad de ampliarlo a 36, en las complejas, siempre y cuando lo solicite bien el Ministerio Público, bien una de las partes.

A esta ampliación del tiempo para investigar las presuntas irregularidades en la concesión de la explotación del proyecto Castor se une un nuevo imprevisto. El magistrado Víctor Capilla, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs, concursó y ha ganado una plaza vacante en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ontinyent (Valencia), destino al que se incorporó en diciembre, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Tras su marcha, se ha nombrado un juez sustituto, Sebastián Isael Pla Martorell, que ya está al frente de Vinaròs 4. Asimismo, se mantiene como refuerzo la jueza sustituta Carmen Ballesteros, que estaba cuando aterrizó este complejo procedimiento antes de que se incorporara el titular, Víctor Capilla, y que continuó con él tras tomar posesión.

Respecto a la llegada del nuevo juez --el cuarto que instruirá el proceso--, no se producirá, previsiblemente, hasta mediados de febrero, según explicaron fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y es que el acuerdo del 3 de diciembre del 2015 de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se convoca concurso para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial con categoría de juez, entre ellos en Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs, con competencia en materia de violencia, se publicó en el BOE el 14 de diciembre y todavía no se ha resuelto.

No obstante, fuentes del TSJCV explicaron que “no ha habido ninguna interrupción en la tramitación de la causa”, en la que hay imputadas 18 personas, entre ellas altos cargos ministeriales y responsables de la empresa concesionaria, Escal UGS.

Sin embargo, todavía quedan por declarar dos ciudadanos canadienses imputados. Se trata de Mohamed Jaffar Khan, que ostentaba el cargo de vicepresidente del consejo de administración de Escal UGS SL cuando sucedieron los hechos; y Harold Philip Gordon, que era consejero de la mercantil. Al parecer, todavía no han sido localizados, por lo que no hay fecha para su comparecencia en el juzgado de Vinaròs.

Hasta que no finalice la ronda de declaraciones de imputados no se iniciará la de los numerosos testigos relacionados con la causa y no se descarta que la Fiscalía solicite nuevas imputaciones. H