La Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) de la Generalitat Valenciana elegirá entre ocho empresas a la ganadora del concurso público para el derribo del edificio 167 de la avenida José Ortiz de Almassora.
La demolición del recinto este otoño correrá a cargo de una de estas firmas que han accedido a la última fase de la licitación después de que el Consell, tras la valoración de los criterios técnicos presentados, haya eliminado a cuatro de las candidatas.
En concreto, el acta de la mesa de contratación celebrada este mes señala que, de acuerdo a la legalidad vigente, las propuestas técnicas presentadas por los licitadores Canalizaciones y Derribos Safor, S.L., Dexber Demoliciones y Excavaciones, S.L., Durantia Infraestructuras, S.A. y Elecnor, S.A. se consideran de calidad inaceptable al haber obtenido menos de 13 puntos, «por lo que no serán tenidas en consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la oferta más ventajosa», según apuntó la concejala de Territorio, Carmina Martinavarro.
Así, las compañías que cumplen todos los requisitos son Becsa S.A., Construcciones y Desmontes Ribera Navarra S.A., Construcciones y Excavaciones Erri-Berri S.L., Delta Punt 3000 S.A, Eneas Servicios Integrales S.A., Hercal Diggers S.L., Magma Gestión Medioambiental S.L.U y Ravi Obras, Transportes y Excavaciones S.L.
Criterios
De la puntuación de las propuestas técnicas y la oferta económica más ventajosa, con presupuestos que van de los 175.276,30 a los 309.583,57 euros, saldrá la ganadora del concurso público de adjudicación del derribo, que será la encargada de echar abajo las 38 viviendas del bloque de la avenida José Ortiz durante los tres meses posteriores a la firma del acta de replanteo.
Aunque inicialmente el grupo constaba de 94 viviendas, 56 fueron demolidas en 1998, por lo que en la actualidad quedan 38 pisos vacíos en un edificio tabicado y en estado de ruina económica que la Conselleria de Vivienda se comprometió a derribar este 2020. El presupuesto límite de adjudicación es de 354.215 euros y están destinados a la ejecución de un derribo que la ciudad reclama desde hace años, a petición de todo el vecindario, para desprenderse de la degradación y la mala imagen que proyecta la zona. El Ayuntamiento pretende evitar así la ocupación ilegal del bloque que en el 2013 acabó con la vida de una mujer durante un incendio y mejorar también la imagen de la zona, a la que el próximo año se sumará la construcción del colegio Santa Quitèria.
En este sentido, Martinavarro mostró su agradecimiento al Consell por su «voluntad para acabar con este antiguo foco de marginalidad, que se materializa en la partida reservada para este año y no con promesas históricas que nunca se hicieron realidad», destacó.
