Los municipios turísticos de la provincia cuentan cada verano con la incorporación de refuerzos en sus cuerpos de la Policía Local, aunque este año ya empiezan a notarse los cambios derivados del nuevo marco normativo. Representantes de algunos destinos señalan que tienen la intención de arrancar el servicio antes del fin de semana, pero que esta decisión todavía está en el aire por un trámite administrativo.

El edil de Gobernación de Peñíscola, Alfonso López, indica que, en su caso, tienen «seleccionados a los primeros 10 agentes», pero no podrán empezar si no reciben «un informe favorable de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias». El documento debe validar el proceso de selección seguido en cada consistorio, como establece el decreto de la Generalitat del 11 de mayo, y tiene un plazo de respuesta de 10 días.

Una situación semejante es la que se da en Orpesa, que también aguarda contestación para que el operativo estival dé inicio con el cambio de estación. La edila de Policía de Alcalà-Alcossebre, Alejandra Roca, señala que se encuentran «ultimando la selección», pero saben que también llegarán «a este paso», concreta.

LEGISLACIÓN / El director general de la Agencia de Emergencias, José María Ángel, negó ayer que hubiera problemas. «No hay ningún ayuntamiento que se pueda quejar. Lo único que tienen que hacer es cumplir con el decreto y nosotros autorizaremos sus procesos selectivos para dar una solución ágil a las necesidades de los municipios», detalló.

El origen se encuentra en la nueva ley de coordinación de las policías locales, por la que la competencia recae en la Administración autonómica y elimina las contrataciones interinas. Varios destinos costeros pusieron el acento en la dificultad para disponer de agentes temporales en los meses de mayor afluencia turística, cuando sus poblaciones se multiplican considerablemente respecto al resto del año.

Como solución transitoria, este año permiten que los ayuntamientos mantengan sus propias selecciones de personal. A partir del 2019 deberán establecer un nuevo mecanismo que se ajuste a la aplicación de la norma.