El juzgado de primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, ha rechazado la petición de la acusación particular de imponer una fianza de mil millones de euros a los investigados. Así consta en el auto hecho público ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre la solicitud de esta cantidad para hacer frente a posibles responsabilidades civiles si los investigados son condenados en la causa abierta sobre el almacén de gas.

La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca), que representa a cuatro perjudicados y está personada como acusación particular, solicitó en junio que se le reclamara dicho montante a los investigados.

Asimismo, exigía que se declararan responsables civiles directos al Estado español y a cuatro empresas para las que trabajaban (Escal UGS, ACS, Castor Limited Partnership y Dundee Energy Limited) y que fueran estos los que, finalmente, aportaran dicha suma de manera solidaria.

ÁREA DE INFLUENCIA // Aplaca propuso esa cifra tras multiplicar 12.000 euros por el número de habitantes de las localidades de Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y Ulldecona --en Tarragona-- y de Benicarló y Vinaròs, en Castellón, afectados por los más de 300 seísmos que sacudieron la costa en el mes de septiembre del año 2013.

Las defensas de los investigados y el Ministerio Fiscal entendieron que la cifra era excesiva y valoraron que todavía era muy pronto para establecer una fianza. Además, no consideraron acreditados los daños morales a los que aludía Aplaca, por lo que se opusieron a la petición.

El instructor ha decidido rechazar, por el momento, la imposición de la fianza, ya que considera que la cifra solicitada es “notoriamente excesiva”, teniendo en cuenta que la entidad “no cuenta en la actualidad con más de cuatro miembros considerados como perjudicados”.

En su auto, cree que es “prematura la fijación de una fianza” en el momento en el que se encuentra el procedimiento, aunque no descarta acordarla en un futuro. Y es que la macrocausa tiene aún largo recorrido por delante.