La mercantil urbanizadora Golf Sant Gregori espera firmar el acta de replanteo, paso previo a cualquier actuación en el PAI, la próxima semana. A lo largo de estos días, la tensión ha marcado las negociaciones entre empresa, equipo de gobierno y técnicos municipales para salvar los obstáculos que estos últimos ponen para dar luz verde al documento que permitirá iniciar el desarrollo del programa. Un proceso que, como aseveran desde la firma, se acomete siempre dentro de la legalidad vigente y en contra de quienes tratan de poner trabas al desarrollo del proyecto de 2,5 millones de m2.

En este sentido, a pesar de que los técnicos redactaron un informe con hasta nueve puntos que había que subsanar antes de firmar el acta de replanteo, la mercantil ya registró a finales de julio un primer documento rebatiendo estos puntos y esta semana ha añadido un informe jurídico.

En este sentido, desde la empresa apuntan que se trabaja para hacer las cosas «con las máximas garantías y seguridad jurídica; es la premisa de cada uno de los pasos que se dan».

A lo largo de las dos décadas que ya prácticamente se han cumplido desde que el proyecto urbanístico se presentó en el Registro del Ayuntamiento, han cambiado varios de los técnicos que han estudiado y tramitado el PAI, una actuación, por otra parte, compleja y con una crisis económica, concurso voluntario de acreedores y regreso a la solvencia, por el camino. Todo ello ha motivado que gran parte de los esfuerzos llevados a cabo hasta la fecha se corresponden con la tramitación administrativa en las diferentes instituciones afectadas y que la única construcción llevada a cabo haya sido la de la reserva para el galápago europeo.

Por ello, durante el procedimiento se ha recurrido en varias ocasiones al asesoramiento de gabinetes urbanísticos y jurídicos externos. Unos informes que, pese a enfrentarse a los de la casa, han recibido el respaldo de la legalidad de las actuaciones esta misma semana con la petición, por parte de la Fiscalía, del archivo de la denuncia por posible prevaricación administrativa presentada por cinco propietarios de terrenos y dos empresas.

Con la entrada en el consistorio de un informe técnico-jurídico que avale la firma del acta de replanteo podrá efectuarse este trámite, que es la autorización para iniciar las obras en el PAI.

Los trabajos deben estar en marcha antes de final de año para no abocar al plan a su muerte como consecuencia de la nueva normativa a la que debería ajustarse y que lo haría inviable.