El pleno del Ayuntamiento de Burriana, el último de la legislatura, aprobó ayer, con los 10 votos a favor de los miembros del equipo de gobierno presentes (PSOE, Compromís y Se Puede) y los dos de Cibur, y las siete abstenciones del PP y Cs, la devolución de la condición de agente urbanizador a la mercantil Golf Sant Gregori, por lo que la empresa ya puede comenzar los trámites para licitar las obras sobre el terreno.

Se pone así punto y final a un proceso que comenzó hace cuatro años, con la entrada en concurso voluntario de acreedores y el inicio de la retirada de la condición de agente urbanizador. Una situación que, tras varios años, parecía que había abocado al proyecto al fracaso, como tantos otros similares en la provincia de Castellón. Pero, finalmente, una mercantil adquirió la empresa, logró salir de la situación de dificultades económicas tras muchos meses de negociación con los principales acreedores y estar en condiciones de llevar adelante el PAI, como pretende.

MÁS GARANTÍAS // Posteriormente, llegó el pacto con el Ayuntamiento de Burriana para ampliar las garantías y conseguir la devolución de la condición de agente urbanizador, un trámite que, finalmente, se certificó ayer y que ya deja en manos de la mercantil el acceso de las máquinas, algo que sucederá casi dos décadas después de que el proyecto entrara por el registro del consistorio.

Pero a pesar de la importancia del plan urbanístico y las cifras en las que se mueve, que se cuentan por decenas de millones de euros, con la consiguiente repercusión para la economía local, comarcal y provincial, lo cierto es que la aprobación, a unas horas del inicio de la campaña, no estuvo exenta de polémica por la existencia de informes en contra.

El edil de Urbanismo, Bruno Arnandis, apuntó: «Nos hemos reunido con unas seis empresas y solo esta ha sido seria».

El portavoz del PP, Juan Fuster, le recrimió: «Han depositado toda la confianza en una asistencia técnica externa y, frente a informes municipales en contra, lo lógico es que hubiesen dado traslado a un órgano superior, como la Generalitat valenciana». Mariola Aguilera, de Cibur, alertó de «falta de información».