El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Nules ha condenado al Ayuntamiento de la Vall d’Uixó a pagar a la empresa Almalafa Inmuebles SL 1.093.890,06 euros por incumplimiento contractual, a los que se suman 137.768,13 euros en concepto de daños y perjuicios, además de los intereses y las costas. Así lo anunció ayer la portavoz del Partido Popular, Elena Vicente-Ruiz, quien aseguró que el montante final “podría llegar fácilmente al millón y medio de euros”. El Ayuntamiento ya ha anunciado que recurrirá.

Los hechos se remontan al año 2008, cuando esta mercantil realizó un contrato de compraventa con el consistorio para la adquisición de unos terrenos que debían ser entregados libres de cargas. “La empresa entendió que la administración local no había cumplido con esta condición y solicitó que se resolviera el convenio y se le reembolsara el dinero que había pagado”. Por su parte, el consistorio alegó que dicha firma tampoco cumplió su parte.

El problema radica en que “este último hecho no se ha podido probar porque el letrado del consistorio no compareció en la vista”, así como tampoco lo hicieron los testigos, que eran técnicos municipales, “porque no se les avisó para acudir al juicio que tuvo lugar el 12 de febrero”. Mientras, desde el consistorio afirman que “el juicio no se pierde porque el abogado no haya comparecido. Esta actuación viene del año 2008, cuando gobernaba el PP”.

Fuentes municipales defienden que el equipo de abogados que tenía contratado el anterior gobierno era conocedor del juicio y no lo trasladó al Ayuntamiento. “Actuaciones como esta reafirman la decisión de resolver el contrato con este despacho”, apuntaron.

ACLARACIÓN // Desde el PP exigen aclarar quién es el abogado que defiende al consistorio desde octubre del 2015, fecha en que el anterior responsable dejó de prestar servicios jurídicos. Y desde el consistorio aseguran que el anterior equipo de letrados “está vinculado a una edila del PP”. H