El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó sigue a rajatabla su política contra los desahucios hasta el punto de que apuesta por regularizar a los okupas detectados en viviendas del parque público en el municipio y permitir que continúen en los inmuebles a cambio de que abonen alquileres sociales, con la connivencia de la Generalitat valenciana.
Se trata de ocupaciones ilegales que se remontan a hace más de un año, protagonizadas en su mayoría por familias con niños. “Cuando llegamos al equipo de gobierno nos encontramos con siete casos de personas o núcleos familiares que ocupaban ilegalmente viviendas de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) situadas en los grupos de la Moleta y José Obrero”, explicó a este periódico la concejala de Vivienda, Carmen García.
“Este Ayuntamiento fue uno de los primeros en declararse como libre de desahucios, después de aprobar un protocolo provincial elaborado por el Colegio de Procuradores de Castellón, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Oficina de la Asociación de Consumidores de Castellón, y no vamos a ser hipócritas y echar a la gente a la calle sin intentar llegar a una solución justa para todos”, comentó. “Pero no a coste cero, pues si viven allí deben hacer frente al pago de un alquiler, ajustado a sus necesidades”, añadió la concejala del área.
De los siete casos detectados, cinco ya han sido regularizados y dos, en el grupo José Obrero, están en trámites. “Se trata de familias que ya pagaban la luz y el agua, pero no tenían ningún contrato de alquiler y les explicamos lo que deben hacer para lograr las bonificaciones de la Generalitat y, de este modo, permanecer en las viviendas donde residen”.
Pero la situación cambiará con las nuevas ocupaciones que se detecten, ya que la consellera de Vivienda, María José Salvador, ha dejado claro que el Consell tendrá “tolerancia cero” y establecerá un protocolo para actuar, si bien fuentes de su departamento no concretaron las medidas que está previsto adoptar. H
