El Juzgado de instrucción número 17 de València dictó ayer auto de apertura de juicio oral contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps en la causa sobre supuestas irregularidades en la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en la ciudad.

Después de que a principios de mayo la jueza incoara procedimiento abreviado contra Camps por esta causa, ahora declara abierto el juicio oral contra el expresident por un delito continuado de malversación, en concurso medial con prevaricación administrativa, y por un delito de tráfico de influencias, según consta en el auto al que ha tenido acceso Efe. El documento abre juicio oral también contra otras trece personas -entre ellas el exconseller Mario Flores y el exsecretario autonómico Victoriano Sánchez-Barcaiztegui- por un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de prevaricación administrativa.

También sienta en el banquillo a cinco empresas, Typsa, Ayesa, Hormigones Martínez, FCC y CYES, como responsables civiles subsidiarias. La jueza deniega la petición de la Generalitat, que ejerce la acusación particular, de formar una pieza separada para asegurar las responsabilidades pecuniarias, y determina que el órgano competente para enjuiciar la causa sea la Audiencia Provincial. El auto, contra el que no cabe recurso, da un plazo de tres días a los acusados para que comparezcan con abogado y procurador, tras lo cual las partes dispondrán de diez días para presentar sus escritos.

El auto abre juicio oral contra las 14 personas a las que acusó la Generalitat, que no son las mismas que en el auto de procedimiento abreviado, en las que también figuraban el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y Juan Antonio Sánchez Martínez, jefe de división de carreteras.

Entre los procesados figuran Antonio Carbonell, director general del ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP); César Cuesta García, vocal de la Mesa de Contratación del GTP; y los responsables de las empresas Typsa, Ayesa, FCC, Hormigones Martínez y Cyes, entre los que está José Mayor Oreja, hermano del exministro del PP Jaime Mayor Oreja y presidente de FCC.

RECURSOS / Mientras tanto, la Audiencia Provincial de Valencia tiene pendiente de resolver varios recursos que se presentaron contra el auto de procesamiento. Fuentes judiciales han explicado que si la Audiencia validara los recursos que están pendientes se anularía el juicio oral, mientras que si los rechazara seguiría adelante. Entre los recursos que están pendientes está el de la Fiscalía, que se opone al procesamiento y pide el archivo de la causa al no observar delito alguno o, en su caso, considerar que están prescritos, y que en su escrito exponía que «decir que no iba a costar un euro no es delito».