Después de más de tres años de disputas y aplazamientos, el Consell aprobó ayer la ley de función pública. La consellera de?Justicia, Gabriela Bravo, escenificó junto a la vicepresidenta Mónica Oltra la tregua alcanzada, que por primera vez incorpora la exigencia del conocimiento del valenciano. De momento, PSPV y Compromís han salvado las hondas divergencias que mantienen sobre el grado de aplicación. La Conselleria de Educación supervisará el reglamento que, en un año, debería definir el nivel de lengua demandado a cada empleado.
Ya han surgido voces que desconfían del plazo y observan el pacto como una huida hacia adelante. Bravo, sin embargo, se mostró convencida de que el reglamento estará listo antes del 2021. Insistió en que la exigencia será «proporcional» y «adecuada» a cada puesto funcionarial en virtud de las funciones asignadas y de la relación que tenga el empleado público con la ciudadanía.
El reglamento dependerá de un informe de la Conselleria de Educación, en manos de Compromís. Bravo aseguró ayer que el reglamento se diseñará de forma paralela a la tramitación parlamentaria para tener «una foto fija» de todos los puestos y determinar el nivel. Según la consellera, se han solucionado los «matices» que hace solo 15 días bloquearon la aprobación de la ley. «Puede haber discrepancias, pero en el Consell somos capaces de dialogar», sentenció.
