Financiación autonómica. Dos palabras unidas que llevan ya veinte años marcando la
agenda política y mediática en la Comunitat Valenciana sin que en la práctica se haya
movido nada sustancial en lo que respecta a un reparto justo del dinero entre autonomías
que no perjudique a las valencianas y valencianos. Un bucle, con serias repercusiones para
una ciudadanía que debe enfrentarse a servicios públicos devaluados, pero que ha servido
de bandera reivindicativa de gobiernos de todos los colores. En ocasiones, este problema
valenciano ha valido al jefe del Consell de turno para reivindicarse en España o tener un
discurso autonómico potente respecto a Madrid, aunque, en otras, ha derivado en un
campo de minas, sobre todo cuando ha coincidido el mismo color político en la Moncloa y
el Palau de la Generalitat.
Punto en el que se encuentra ahora el Consell presidido por Ximo Puig, como ha quedado
evidenciado esta semana cuando el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez,
ha echado otro jarro de agua fría sobre las expectativas de la Generalitat y, en particular
del PSPV, al alargar a la próxima legislatura el cambio del modelo.
Una mirada histórica sobre las últimas dos décadas evidencia como la financiación ha
atrapado a los diferentes gobiernos sin que el maltrato financiero haya desaparecido. En
el 2022 se cumplirán veinte años de la aprobación del modelo Zaplana de financiación, un
sistema que institucionalizó el statu quo en el reparto de los recursos (con comunidades
privilegiadas en la distribución y otras maltratadas) y condenó a la Comunitat al furgón
de cola de las peores financiadas por habitante.
protagonismo // El expresidente Zaplana detectó
hábilmente que este debate podría lanzar su carrera política en Madrid y supo convencer a
José María Aznar para liderar una propuesta que pudiera generar consensos reduciendo el
protagonismo de Cataluña.
Muy pronto su modelo mostró su cara más amarga para los valencianos, pero para
entonces Zaplana ya había dado el salto a la política nacional. Fue su sucesor Francisco
Camps quien más exprimió la infrafinanciación como arma arrojadiza contra el Gobierno
de Zapatero. La coincidencia en el tiempo de sus respectivos mandatos llevó a que
prácticamente se institucionalizara el conflicto entre ambas administraciones a cuenta del
reparto del dinero. Camps lideró múltiples y variadas iniciativas para evidenciar el
maltrato financiero, una estrategia de corrosión al Gobierno socialista que le reportó éxitos electorales y que durante un tiempo le sirvió también para ganar proyección en Madrid e
influencia en la dirección nacional. El mantra de Camps fue que Zapatero discriminaba a
un millón de habitantes, ya que el modelo no contempla la actualización del censo. Daba
igual que el pecado original tuviera las siglas populares.
En el 2009, Zapatero logró un
consenso de mínimos y reformó el sistema con la abstención de las comunidades
gobernadas por el PP, incluida la valenciana. La primera liquidación del sistema evidenció
que, pese a la actualización del factor de población, la Comunitat seguía mal financiada.
Un informe del balance realizado años más tarde certificó que los valencianos solo habían
ganado seis euros más respecto al anterior modelo. Munición para un Camps que no
convivió con Rajoy en la Moncloa.
Caído en desgracia por el caso Gürtel, Camps tiró la toalla en el 2011 y cedió su despacho a
Alberto Fabra, para quien la llegada de su partido al Gobierno central se convirtió en una
auténtica pesadilla. Presionado por la asfixia financiera, el castellonense trató de izar la bandera y
seguir reclamando una mejora del sistema. El expresidente popular tuvo que lidiar con un
Ministerio de Hacienda dirigido con mano de hierro por Cristóbal Montoro, quien incluso
llegó a negar la infrafinanciación.
La situación fue por momentos tan crítica que, sitiado
por los recortes, Fabra tuvo que sofocar una rebelión interna contra Madrid en su Consell.
El ‘botànic’ // El Botànic heredó las maltrechas cuentas, pero también una bandera que ondear. PSPV y
Compromís tenían de enemigo común a Mariano Rajoy y la legislatura estuvo marcada por
el enfrentamiento con Madrid. El punto culminante fue la manifestación por la
infrafinanciación y el recurso fallido a los tribunales. A partir del 2018, con la moción de
censura y la llegada de Pedro Sánchez, Puig ha tenido que hacer malabarismos para
mantener viva la causa sin enfrentarse con el líder. Que veinte años no es nada, cantaba
Carlos Gardel en su bolero. En el caso de la Comunitat, se han traducido en una
infrafinanciación que ha engordado la deuda hasta superar ahora los 47.000 millones.
