El pleno del Gobierno valenciano dio su conformidad al anteproyecto de ley de función social de la vivienda, que prevé medidas para evitar la prolongada desocupación de las viviendas de manera injustificada y “aflorar” aquellas que se hallen en manos de entidades financieras y grandes propietarios. Según la consellera de Vivienda, María José Salvador, se establecerán medidas para hacer posible que los afectados por procesos de desahucio sigan en sus casas.
Según la consellera, el 15% de las viviendas de la Comunitat está vacío, lo que supone unas 500.000, motivo por el que se establecerán diversos registros donde deberán inscribirse todas aquellas viviendas declaradas deshabitadas por la administración mediante una resolución.
Además, se fomentará el alquiler con medidas de estímulo para que los propietarios privados ofrezcan sus viviendas a personas con dificultades y la Administración asegurará los inmuebles frente a los riesgos que se puedan sufrir por la ocupación. La Conselleria deberá, en un plazo máximo de dos años, desarrollar un plan de rehabilitación y ampliación del parque público, que incluirá adaptar el 10% de viviendas para personas con alguna discapacidad.
Asimismo, ante procesos de desahucio de vivienda habitual, por imposibilidad de hacer frente a la hipoteca o al alquiler, se pondrán en marcha medidas que posibiliten la continuidad en el inmueble. Sin embargo, al solaparse con otras adoptadas a nivel nacional, como es la ley de segunda oportunidad, quedarán por ahora en suspenso.
El Consell abrirá ahora un plazo para que se formulen alegaciones y, posteriormente, el proyecto de ley se enviará al Comité Económico y Social y al Consell Jurídic Consultiu, y después se iniciará su tramitación en Les Corts. Preguntada por supuestos en los que se podrán viviendas, Salvador apuntó que esta posibilidad está en suspenso, pero que hay intención de aplicarla “porque la vivienda no es un lujo ni para especular”. H
