La Comunitat Valenciana tiene un déficit de plazas residenciales para mayores de 65 años de 20.844 para alcanzar la ratio de cinco con cada cien mayores, el segundo mayor después de Andalucía, y el precio de una plaza pública se sitúa en menos de 7.000 euros anuales en esta región. Con 27.327 plazas residenciales en la Comunitat, en el 2018, (27.672 en el 2019), casi la mitad son de financiación pública, el 48% (13.027) y el 52% son privadas (14.300), según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
En España faltan más de 70.000 plazas residenciales para los nueve millones de personas mayores de 65 años que residen en el país, consecuencia de que solo cinco comunidades autónomas cumplen con la tasa de tener cinco plazas de estas características por cada cien personas mayores.
Además, el precio de una plaza en una residencia pública oscila entre los menos de 7.000 euros anuales en comunidades como la valenciana, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña hasta los 11.000 euros que cuesta en el País Vasco. Lo denunció ayer la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que, con los últimos datos aportados por el Imserso, ha analizado la situación por comunidades autónomas.
El número de plazas residenciales para personas mayores en España, lamentan, «no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años», que ha pasado de ocho millones de personas, en el 2010, a nueve en el 2019. Y es que en ese periodo las plazas residenciales solo se han incrementado en 12.353, según el estudio.
En consecuencia, la ratio de plazas residenciales por cada cien personas mayores se ha reducido de 4,56 a 4,21, lo que la aleja del objetivo del 5% aconsejado por los organismos internacionales. Denuncia este colectivo que, además, las plazas públicas, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, «solo constituyen 2,5 por cada cien mayores de 65 años, es decir, la mitad de lo aconsejable».
dependencia // Además, recuerdan que unas 100.000 personas con el grado II y III de dependencia reconocido, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho. La situación, explican los gerentes, muestra diferencias muy significativas entre comunidades autónomas y solo cinco de ellas: Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, alcanzan el baremo de cinco plazas. Además, esta última alcanza también esta tasa con las plazas financiadas con fondos públicos.
Por último, insisten en la necesidad de aumentar la ratio de las plantillas con las que cuentan los centros residenciales.
