El Consell ha presentado alegaciones en el marco del procedimiento incoado por el Ministerio de Hacienda para la determinación y repercusión de responsabilidades como consecuencia de la multa de 18,93 millones impuesta por el Consejo de la UE tras la investigación en la que las autoridades europeas constataron que los anteriores gobiernos valencianos incurrieron en una manipulación de los datos de déficit al no contabilizar gastos de Sanidad por 1.891 millones, correspondientes al periodo 2008-2011. En el escrito, firmado por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, se solicita archivar y dejar sin efecto el procedimiento, al argumentar que la responsabilidad es del Estado, toda vez que tiene la competencia de supervisión y remisión de las cifras de déficit a la UE.

Las alegaciones subrayan que los hechos que han motivado la sanción de la UE (la práctica de los anteriores gobiernos del PP de asumir gasto sin cobertura presupuestaria y no contabilizarlo) eran “notorios, públicos y sobradamente conocidos por el Ministerio de Hacienda, por la IGAE y por el INE”, ya que la Sindicatura de Comptes, en sus informes anuales de fiscalización de las cuentas de la Generalitat, que se remiten al Tribunal de Cuentas, venía denunciando desde finales de los 90 esta realidad. Además, se publicaban en el diario oficial y gozaban de amplísima repercusión pública. Adjuntan referencias de numerosos medios de comunicación reflejando las denuncias del Síndic sobre ocultación de facturas por los anteriores ejecutivos del PP y la denuncia que un viceinterventor realizó en el informe de 2003 -que formaba parte de un anexo de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes-, que advertía de la posible “imputación de responsabilidades” por la “persistencia” de Sanidad en la asunción de gastos sin cobertura presupuestaria.

INVEROSÍMIL // En las alegaciones se considera “inverosímil” la versión estatal de que tuvieron conocimiento de la incorrecta contabilización de gasto sanitario en mayo de 2012, con motivo de la adhesión del Consell al Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores -que obligaba a sacar a la luz las facturas no contabilizadas hasta entonces-, “ya que tales irregularidades eran públicamente conocidas por la Administración del Estado”. H