El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que todos los controles realizados por la Intervención de la Generalitat desde el año 2012 serán públicos y podrán consultarse en la web de la Conselleria de Hacienda «por primera vez en la historia».

Puig respondió ayer así en Les Corts al portavoz de Ciudadanos (Cs), Alexis Marí, quien preguntó por las auditorías que debe realizar el Consell, de las que, a su juicio, no se dan datos porque el Consell «prefiere la opacidad» y «seguir usando el sector público para colocar amigos, familiares y compañeros de partido».

Marí ha recordado que en noviembre del año 2015 Les Corts aprobaron por unanimidad que se realizara una auditoría de todas las instituciones que se financian con dinero público para detectar cuales eran superfluas, innecesarias o estaban sobredimensionadas, así como de las concesiones administrativas.

En este sentido, señaló que casi un año y medio después no se sabe qué dicen esas auditorías ni en qué estado están, y acusó al Consell de actuar «con sectarismo», pues, «no quiere saber la verdad y le da igual lo que diga la Sindicatura de Comptes y el futuro de los empleados de las empresas públicas o concesionarias».

«Contaba con el apoyo de mi grupo para hacer una administración más profesional y transparente», señaló el portavoz de Cs, quien reprochó al Ejecutivo valenciano que hable de «gestión y eficacia cuando ha demostrado que son conceptos que no le interesan, pues prefiere siempre el sectarismo y el dogmantismo».

avanzado estado // El presidente aseguró que todas las auditorías aprobadas por el Parlamento valenciano están «realizadas o en avanzado estado de elaboración», excepto la de la empresa pública Vaersa, que fue aprobada hace un mes, y cuyos trabajos empezarán «en breve». Fue entonces cuando anunció que todas «será públicas». Puig defendió el trabajo realizado por el Consell para desenmarañar la situación del sector público instrumental, una labor que, según dijo, «ha permitido eliminar siete fundaciones y ahorrar 147 millones derivados de la reducción en un 25 % de las ampliaciones de capital necesarias en empresas públicas».