La cuenta general de la Generalitat del 2018 muestra una reducción del resultado económico-patrimonial negativo del 87,3% en los últimos nueve años, al pasar de -6.648 millones, en el 2011, a -840 millones en la actualidad, una reducción de 5.808 millones, lo que revela, según el conseller de Hacienda, Vicent Soler, que se sigue avanzando hacia el saneamiento financiero a nivel autonómico.
El conseller presentó ayer esta cuenta, que comprende la administración de la Generalitat, las entidades de derecho público, las entidades públicas empresariales y sociedades públicas y las fundaciones, consorcios y universidades. Una vez aprobada por el pleno del Consell será remitida a la Sindicatura de Comptes.
El documento recoge, además, 803 millones de euros pendientes de aplicar a presupuesto para operaciones «heredadas» de anteriores gobiernos y 246 millones de gastos con aportaciones plurianuales, como los farmacéuticos y el copago sanitario.
Respecto a la cuenta 409 (operaciones pendientes de aplicar a presupuesto), en el 2018, se redujo en 160 millones respecto al ejercicio anterior y su importe corresponde a sentencias del personal de sanidad (44 millones), ayudas a la vivienda no reconocidas (32,4), el gasto del personal sanitario de noviembre y diciembre (131) o el importe del convenio entre el IVVSA, la Conselleria de Educación y el IVF mediante el que se ejecutaron obras de centros docentes (42,6).
La cuenta 411 (pagos derivados al siguiente ejercicio), asciende a 246 millones, 404 millones menos que en el 2017, e incluye los gastos de farmacia y copago de diciembre del 2018 (114 millones), algunas facturas de 2018 que se registran en el 2019 (78 millones), pagos por obras mediante el método alemán (29 millones) y 24 millones del acuerdo extrajudicial con el IVO. El pasado año se avanzó el importe del convenio con las universidades que se tenía que abonar en este ejercicio y que asciende a 42 millones.
pago de sentencias // La cuenta general incluye nuevas provisiones y compromisos «no reconocidos o centrifugados» por el anterior gobierno que suman 100 millones para hacer frente a sentencias judiciales y decisiones de la anterior etapa, entre ellas 43 millones para la demolición de las dos torres de la playa de Benidorm, consideradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia valenciano por vulnerar las Ley de Costas. Esta cuantía se añade a los 72 millones provisionados el año pasado para indemnizaciones a los propietarios.
También 52 millones para provisionar la devolución de ingresos indebidos cobrados por el gobierno del PP a dependientes y usuarios de residencias desde el 2014, en cumplimiento también de una resolución judicial.
