El pleno de Les Corts Valencianes validó ayer, con los votos a favor de todos los grupos salvo el PP, que se abstuvo, el decreto ley 5/2016 para la agilización de la tramitación de la renta garantizada de ciudadanía ante la situación de emergencia social.
La encargada de presentar este proyecto fue la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien recordó que desde la creación de este subsidio en el 2007, “la Comunitat ha sufrido un empobrecimiento que oscila entre el 34 y el 36% con un 40% de pobreza infantil y un 62% en familias monoparentales”.
Además, Oltra lamentó que, pese a las modificaciones de la ley en 2008, 2011 y 2012, “poco o nada se ha conseguido”, y explicó que a su llegada a la Conselleria encontró “19.224 solicitudes para el cobro de la renta garantizada de la ciudadanía que no se habían atendido”, concretó.
“En el último trimestre del ejercicio 2015 se incrementó esta dotación presupuestaria de la renta garantizada de la ciudadanía en dos millones de euros y para el presente año 2016 se ha aumentado un 35% esa cantidad, hasta llegar a los 39,4 millones de euros, configurándose además como crédito ampliable, es decir, que no está sujeto a disponibilidad presupuestaria”, explicó la vicepresidenta valenciana. H
