La fiscal del juicio por los contratos de la Generalitat con las empresas de Francisco Correa para Fitur ha defendido hoy, en la primera de las vistas dedicadas a las conclusiones, la legalidad de la modificación de su acusación para añadir el delito de asociación ilícita.
Atribuye este delito tanto a los considerados cabecillas de la red Gürtel como a sus trabajadores, no a los políticos y empleados de la administración procesados, por entender que el grupo de empresas de Francisco Correa fueron creadas "con la exclusiva finalidad de delinquir".
"Una vez que se practica toda la prueba, se celebra juicio oral, se producen elementos fácticos que conlleven necesidad de realizar modificaciones", ha apuntado la fiscal, quien ha citado doctrina del Supremo al respecto.
"El Supremo sólo pone un límite, que esas modificaciones no conlleven la modificación esencial de los hechos, y ese límite no ha sido traspasado por el Ministerio Fiscal", ha agregado.
En caso contrario "el juicio oral sería un fósil, por eso existe ese precepto legal y la abrumadora jurisprudencia del Supremo", ha insistido.
