La Diputación de Valencia ha sufrido en menos de dos años y medio las detenciones de sus dos máximos responsables, Alfonso Rus (PP) y Jorge Rodríguez (PSPV-PSOE), en sendas operaciones contra la corrupción que tienen marcado a fuego el nombre de una empresa pública ya maldito para esta institución provincial: Imelsa, la actual Divalterra.

Con unos 700 trabajadores y dedicada a la gestión forestal y a las iniciativas de empleo local y rural en sus inicios, esta firma tiene ahora como objetivo principal «la promoción, apoyo y participación en actividades económicas, empresariales y sociales que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los municipios de la provincia de Valencia».

Entre sus áreas figuran también la gestión del medio rural, la planificación estratégica y el turismo, todo ello enmarcado en un proyecto global del PSPV y Compromís -socios actuales de gobierno junto a Esquerra Unida- de enterrar la Imelsa del PP con un nuevo nombre, que ha resultado estéril. Además, la actual Divalterra ya ha vivido varias polémicas políticas en estos tres años de legislatura; la más sonada, la que desembocó en la dimisión de su gerente, el socialista Víctor Sahuquillo, ante las acusaciones de la oposición de que la estaba convirtiendo en su «garito particular», con contratos fraccionados y «a dedo» relacionados con el entorno del exvicepresidente de la Diputación y asesor de Ximo Puig José Manuel Orengo, y gastos de 252 euros en alcohol cargados a la empresa que devolvió al dimitir. El nombre de Imelsa lleva al menos cuatro años asociados a causas judiciales, tras arrancar en el 2014, cuando EU llevó a Fiscalía unas grabaciones del exgerente de Imelsa y autodenominado yonqui del dinero, Marcos Benavent, que su suegro desveló tras un conflicto familiar.