El juicio por el accidente del metro de València arrancará este enero y se prolongará hasta julio, según se acordó ayer en una reunión celebrada entre defensas, fiscal, resto de acusaciones y el Juzgado de lo Penal número seis que enjuiciará el caso. En el siniestro, ocurrido el 3 de julio del 2006 en la Línea 1 de Metrovalencia, murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas de distinta consideración. Por tanto, la vista concluirá, según esa previsión, cuando se cumplan nada menos que 14 años del accidente.
Según ha informado la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, como primera medida en la reunión mantenida ayer se acordó el calendario de las sesiones, que transcurrirán durante 18 semanas para testificales y periciales. Desde el colectivo han expresado su «satisfacción por este paso que nos acerca un poco más a averiguar toda la verdad sobre el accidente y a que se señalen los verdaderos responsables de la muerte de 43 personas, entre ellas dos trabajadores de FGV, y de las lesiones de otros 47».
«Estamos convencidos de que el juicio finalizará con la condena de los ocho acusados por su presunta falta de diligencia en la gestión de la empresa», señalaron los afectados, a la vez que subrayaron que todos ellos «tenían el deber de garantizar la seguridad de los viajeros y trabajadores, en tanto que sus funciones se vinculan con la planificación adecuada, la evitabilidad de mayores riesgos que los imprevisibles y la previsibilidad de todos aquellos que pudieran derivarse».
apertura de juicio // El pasado mes de febrero la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València, Nieves Molina, que se encargó de la investigación del siniestro, dictó la apertura de juicio oral contra ocho exaltos cargos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), entre ellos, la que fuera gerente de FGV, Marisa Gracia, tras la petición realizada en ese sentido por el Ministerio Público y las acusaciones particulares. La Fiscalía pide tres años y siete meses de cárcel para cada uno al considerar que lo sucedido constituye un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de seguridad e higiene en el trabajo; 43 homicidios por imprudencia grave profesional y 37 delitos de lesiones por imprudencia grave.
A todos ellos les pide, además, inhabilitación especial, en el caso de Marisa Gracia, para el ejercicio de cargo directivo en empresa pública o privada durante cinco años y seis meses, y el mismo periodo para los otros siete, aunque para el ejercicio de profesión relacionada con el ramo del transporte de viajeros. Por su parte, las víctimas elevan a cuatro años la petición de condena.
