Mientras que el presidente de Les Corts y del Bloc, Enric Morera, negó ayer que haya habido financiación ilegal alguna en el PSPV o en su formación, el diputado autonómico popular José Ciscar, reafirmó las acusaciones en sentido contrario y atribuyó el hecho de que no haya ningún acusado formal a que el delito electoral ha prescrito ya.

Son dos de las conclusiones del estreno de la comisión de investigación parlamentaria que inició su andadura con la comparecencia de ambos en una sesión en la que también prestó declaración el exjefe de campaña del partido nacionalista, Lluís Miquel Campos, quien puso de relieve que el auto judicial relativo al 2007, año en el que se sitúan las acusaciones de irregularidades, dictamina que estas no han existido.

Morera defendió que no ha habido «ninguna financiación ilegal» de su partido ni del PSPV-PSOE, y acusó al PP de poner en marcha el «ventilador» a partir de unas fotocopias presentadas por los populares a la Policía como respuesta política a la sentencia del caso Gürtel. En cuanto al diputado del PP en les Corts José Císcar, quien denunció ante la Jefatura Superior de Policía en noviembre del 2016 supuestas irregularidades en la financiación electoral de ambos partidos entre el 2007 y el 2008, puso de manifiesto que, de no haber prescrito el delito, alguien habría acabado «en el banquillo».

Morera insistió en que ningún juzgado ha abierto ninguna causa a su partido por delitos vinculados por corrupción, ni tampoco la policía ha registrado la sede ni se les ha hecho ningún requerimiento judicial al respecto, y que un auto del Juzgado 21 de València ha dicho que no hay «financiación ilegal» en estos partidos.

Aseguró que «nunca en la vida» ninguna empresa ha pagado gastos del Bloc y que el Tribunal de Cuentas no ha puesto nunca «reparos» a la financiación de este partido, e indicó que la empresa de comunicación Crespo Gomar ya trabajaba con el Bloc antes de que llegara a la secretaría y le pagaron todos los servicios.

Por su parte, Císcar relató que en noviembre de 2016 llevó a la Policía la documentación que el periódico ABC le entregó después de que le llegara de forma anónima, consistente en varias fotocopias de correos electrónicos, de facturas y de hojas de contabilidad que podía estar relacionada con actuaciones de financiación ilegal del PSPV y el Bloc.

«Mi obligación era denunciar; sé que mi partido no puede dar muchas lecciones, pero tampoco las aceptamos, y menos del PSPV», aseveró José Císcar, quien destacó también que si no hay una causa penal es por la prescripción del delito electoral, pero no porque todo sea «un montaje, como algunos han sugerido».