El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió ayer juicio oral a 20 acusados, entre ellos cinco excargos del PP y del Consell como los castellonenses Ricardo Costa y Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales del 2007 y las generales del 2008 y por delito fiscal.

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide 7 años y 9 meses de cárcel para Ricardo Costa (quien fuera secretario general del PPCV y diputado autonómico), Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat y exdiputado autonómico), Cristina Ibáñez (exgerente del PPCV) y David Serra (antiguo vicesecretario de organización del partido además de diputado regional); y también 6 meses y 650 euros de multa para Yolanda García (exgerente del PPCV, tesorera general y diputada); así como multas que ascienden a 6.600 euros.

TRES PIEZAS // De la Mata envía así a juicio en un mismo auto tres piezas de la trama Gürtel en Valencia (1, 2 y 6) de las 5 que fueron remitidas a la Audiencia Nacional al perder los cargos implicados su aforamiento.

Entre los 20 acusados figuran además responsables de empresas y trabajadores de la trama Gürtel como el presunto cabecilla Francisco Correa, Pablo Crespo, el propietario de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez Alonso el Bigotes, así como directivos como el exvicepresidente de Repsol.

El juez cree que los miembros del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) imputados contrataron a la empresa Orange Market “con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en lo que respecta a las elecciones del 2007 como en las del 2008”.

Al respecto, fuentes judiciales apuntan que fueron servicios que abonaron “de modo irregular, en parte en efectivo y en parte se pagó a través de terceros”.

La Fiscalía cree que la expansión del Grupo Correa a Valencia entre los ejercicios del 2003 y el 2005 “tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio”. De este modo, se veían esas opciones mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en la Comunitat Valenciana.

El objetivo no era otra que, según argumentaron, llegar a “conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o bien de entidades dependientes de estas”.

Por parte de la Fiscalía también se explica que “una parte del gasto comprometido por los acusados vinculados al Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) fue financiado por empresas directamente a Orange Market”, que supuestamente facilitó diversas facturas falsas.

BLOQUE EMPRESARIAL // Entre los acusados, también figuran diversos empresarios, desde la patronal alicantina a compañías pertenecientes a diversos sectores de actividad económica, como pueden ser las de Piaf, Facsa, Grupo Vallalba, Lubasa o Sedesa.

Por todo ello, desde la Fiscalía se les acusa de dos delitos electorales sucedidos en el año 2007 a los cuatro políticos populares mencionados (Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra y Cristina Ibáñez), a los que atribuye también un delito de falsedad documental, así como a seis empresarios y cuatro responsables del entramado de Gürtel (que son Correa, Crespo, Pérez y Herrero). Y a todos ellos, a su vez, les considera también que fueron responsables de un delito electoral en 2008. H