Salvo sorpresas de última hora, el pleno del Consell aprobará hoy el proyecto de la nueva ley de función pública, un texto que pretende modernizar la Administración valenciana, pero que lleva años bloqueado por las diferencias entre los socios del Botànic (básicamente entre el PSPV y Compromís) respecto a la aplicación del requisito lingüístico para el acceso y la promoción.
La Conselleria de Justicia y Administración Pública y el departamento de Educación lograron un pacto que salva esta ley y aplaza la batalla interna sobre cómo exigir e introducir la capacitación lingüística al funcionariado. La ley es un paso necesario para implantar el requisito, pero el cómo se hará sigue pendiente de acuerdo. Los negociadores Gabriela Bravo y Vicent Marzà pactaron el miércoles un nuevo texto que poco añade al que hace quince días Justicia puso encima de la mesa y Compromís acabó frenando. La madre del cordero era la desaparición de la ley de la aplicación automática del requisito en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma si en este período no se aprobaba el reglamento que fija qué nivel exigir a cada puesto. La voluntad de no seguir bloqueando la ley ha allanado el acuerdo pues permite salvar los muebles y neutralizar la imagen de enfrentamiento. Eso sí, en la práctica la aplicación del requisito se queda en el limbo y es complicado que se aplique en los próximos años.
