Cuatro de los supuestos enchufados de Compromís en la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa), gestionada por la Diputación de Valencia, se han acogido a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 9, que investiga el conocido como caso Alquería. Se trata de Pau Pérez Lledó, José Luis Melero Martí -número dos de la lista de Compromís en Silla en los pasados comicios municipales-, María Soledad Torija Urbano y Raúl Ibáñez Fos.

Según consta en el sumario, la UDEF considera ilícitas sus contrataciones como personal de alta dirección en Divalterra, ya que se realizaron, al parecer, sin los preceptivos informes jurídicos ni financieros y, según la declaración de testigos, por indicación de Presidencia o asesores cercanos, que podrían haber costado dos millones a las arcas públicas. Según fuentes judiciales, dos de estos dos procesados se han negado a declarar sin dar explicaciones y los otros dos indicaron que no conocían exactamente los hechos. En la causa constan como investigadas otras seis personas.

Fuentes de las defensas aseguraron que la negativa a prestar declaración se fundamenta en que aún quedan informes periciales, si bien la acusación, que ejerce el PP, dejó patente que el sumario es conocido por las partes y en él constan ya informes de la IGAE, Hacienda o la Fiscalía, entre otros. Está pendiente aún la incorporación del informe policial sobre los móviles y PC.