El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer el inicio de los trámites para una nueva ley de comarcalización de la Comunitat Valenciana, destinada a fortalecer legalmente el espacio comarcal y en el que ha pedido que las diputaciones den “un paso atrás” para ayudar en ese proceso. Puig hizo el anuncio durante una reunión en el Palau de la Generalitat con los presidentes de las 52 mancomunidades de la Comunitat Valenciana, donde se dio a conocer también el decreto de ayudas para gastos de funcionamiento a estas asociaciones voluntarias de municipios, dotado con 600.000 euros para este año.

El presidente indicó que no se trata de aumentar el gasto y la burocracia, sino de “ser más eficaces, teniendo en cuenta la realidad comarcal” de la Comunitat, donde las mancomunidades “juegan un papel de suma de esfuerzos, más allá de las fronteras del municipio, para prestar mejores servicios y de calidad”.

El jefe del Consell considera que las diputaciones tienen que ayudar a este proceso de comarcalización, ya que el espacio local está conformado por los ayuntamientos --que son la base y han de continuar siéndolo--, las mancomunidades y las diputaciones, y tiene que haber “una corresponsabilidad”. “Hay que defender siempre el principio de subsidiariedad, que significa que lo que se pueda hacer desde el espacio más próximo se haga desde aquí, porque es más eficiente”, resaltó.

Puig se mostró “seguro” de que las diputaciones colaborarán en este “proceso de democratización que se emprende en favor de la capacidad de la autonomía local”, obviando por el contrario que tiene abiertos varios contenciosos judiciales por la presunta invasión de competencias con estas en materia de turismo, a la vez que han sido numerosos en asuntos como la sanidad, los libros de texto o los programas de empleo, y que en la práctica se resume a un deseo del jefe del Consell de restar poder a las diputaciones frente a la pretensión de estas de seguir siendo las únicas intermediarias válidas entre los alcaldes y la Generalitat, como instituciones intermedias.

Puig insistió que su objetivo no es crear “una nueva administración” ni “un cuarto nivel”, sino redistribuir la burocracia. H