El viernes, el jefe del Consell, Ximo Puig, avisó de la necesidad de que el Gobierno garantizara un marco jurídico seguro para dar encaje a los confinamientos selectivos de población si la situación lo requiriera. La respuesta del Ejecutivo Central a esa demanda llegó ayer. «Todas las comunidades tienen a su disposición la herramienta legal del Estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o parte de su territorio». Alejado de la lógica del mando único estatal que se impuso en la primera oleada de la pandemia, el presidente Pedro Sánchez, señaló con estas palabras el camino que deben recorrer las autonomías si consideran que la escalada de contagios justifica un endurecimiento de las restricciones de movilidad y otras libertades en determinados puntos del territorio.
Aunque, por el momento, el Consell ha dejado claro que no tiene previsto recurrir a las cuarentenas totales o parciales en la Comunitat Valenciana, Puig había incidido en que se estaba buscando la fórmula para clarificar la manera de acogerse a esta medida si fuera necesario. En ese caso, Sánchez animó a los presidentes autonómicos a acudir a la figura del estado de alarma «individualizado», total o parcial, y les mostró el apoyo del Ejecutivo central para darles esa capacidad, tras descartar la puesta en marcha de otros instrumentos legales para hacer frente a la pandemia.
Así, en el Consell asumen que el estado de alarma sería la única alternativa viable para poder limitar determinados derechos bajo un paraguas jurídico adecuado, aunque siguen analizándose pros y contras y buscándose otras opciones posibles.
Son varias las comunidades que han reclamado al Gobierno aclaraciones legales y que han expresado dudas sobre sus competencias a la hora de decidir sobre los confinamientos y otras medidas restrictivas de libertades, después de que varias decisiones hayan sido anuladas en los juzgadas. La Constitución, sin embargo, deja claro que el estado de alarma puede declararse en una porción del territorio a petición de los líderes autonómicos, a quienes el Gobierno puede delegar el mando competente a las órdenes de todas las autoridades civiles de la administración pública en el territorio afectado, incluidos los cuerpos policiales.
Eso sí, la medida requiere de la convalidación parlamentaria. Sánchez avisó de que el presidente que quiera adoptarla deberá pasar por el Congreso para defenderla y lograr su aprobación. Un paso que puede dar vértigo a algunos dirigentes.
Con ese anuncio, el presidente del Gobierno trasladó a las comunidades la responsabilidad de frenar el avance del virus, haciendo hincapié en su apuesta por una «cogobernanza» descentralizada. Al mismo tiempo, mandó un mensaje especialmente dirigido a los líderes de las comunidades de Madrid y Cataluña, críticos con el estado de alarma cuando lo impuso el Gobierno y ahora partidarios de aplicarlo. Puig, en cambio, ya defendió en julio la posibilidad de recurrir a los estado de alarma parciales como marco legal para limitar la movilidad en las autonomías, cuando la Generalitat de Cataluña optó por esta medida para prohibir las entradas y salidas en varios municipios y un juzgado rechazó la decisión. El jefe del Consell aseguró entonces que declarar el estado de alarma era «lo único que podía hacer» el gobierno catalán.
Otro anuncio que Sánchez puso ayer encima de la mesa fue la puesta a disposición de las comunidades de 2.000 rastreadores del Ejército para intensificar las labores de control y limitar la transmisión del virus ante las dificultades de algunos territorios para seguir la pista de los contagios. Fuentes del Consell, sin embargo, recalcan que la Comunitat Valenciana ha hecho los deberes con la incorporación de más rastreadores que nadie y está preparada para afrontar los nuevos brotes, con hospitales de campaña y material acumulado para varios meses en caso de que la situación se recrudezca.
Desigual avance de la pandemia
En esa línea, el presidente del Gobierno apeló ayer al «desigual» avance de la pandemia en las comunidades para defender la vía de los estados de alarma selectivos como una forma de que no paguen justos por pecadores. Precisamente, Puig remarcó hace días que la tasa de incidencia del coronavirus en la C. Valenciana era muy inferior a la del conjunto de España para alejar fantasmas de un endurecimiento de medidas que, en todo caso, no se descarta.
