Andalucía se ha convertido en una de las primeras comunidades en poner coto al supuesto fraude de los contadores inteligentes. El gobierno autonómico ha resuelto el expediente sancionador iniciado tras la denuncia de un particular en el 2014 con una multa a la compañía Endesa de 400.000 euros por el cobro del alquiler de contadores inteligentes a más de 350.000 usuarios cuando, en realidad, los aparatos no funcionaban como tales al no estar integrados en dicho sistema. La eléctrica, que deberá afrontar además el decomiso de los 1,39 millones de euros que obtuvo como beneficio por ese concepto durante ese año, ha declinado valorar el anuncio del Ejecutivo andaluz y espera a que sus servicios jurídicos analicen la resolución.
La decisión ha sido adoptada por el Consejo de Gobierno. La multa se establece al entender que se ha producido una “práctica abusiva”en los contratos. Según detalló el portavoz de la administración, la empresa cobraba a los usuarios 0,81 euros (más IVA) mensuales en concepto de alquiler de un equipo que “no les reportaba ninguna ventaja” porque no funcionaba la telegestión. De esta forma, los usuarios pagaron “0,33 euros, IVA incluido, más al mes sin recibir los servicios porque funcionaban como contadores analógicos”.
POSICION DOMINANTE
A ojos de la Junta de Andalucía, se trata de una estrategia “muy grave” en cuanto al número de afectados (351.050), pero también por la reiteración, dado que la empresa ya había sido sancionada en los últimos dos años. Asimismo, se ha tenido en cuenta que los perjuicios ocasionados superan los 50.000 euros y que para cometer esta infracción Endesa se ha valido de su “situación preeminente” en el mercado con un sector cuyo servicio es generalizado y ordinario. Así, la eléctrica representa al 94% del total de usuarios de Andalucía, con más de 4,64 millones de abonados.
Según el portavoz de la Junta, el dinero cobrado de manera indebida, que asciende a unos 3,96 euros por contrato y año, será devuelto a los usuarios en cuanto se recupere. La sanción contra la compañía se inició en el 2014 a raíz de la denuncia de un usuario particular, quien alertó de la falta de control sobre los contadores electromecánicos y la sobrefacturación de la luz.
Tras la comprobación de los más de 300.000 contadores de telegestión no integrados, se inició el expediente en diciembre del 2015. Desde ese momento, otras asociaciones de consumidores se han puesto en pie de guerra y han anunciado acciones legales contra las compañías eléctricas por aplicación ilegal de tarifas en el alquiler de los nuevos contadores, dado que la mayoría de ellos aún no permite la lectura remota de registros horarios.
