Los cuatro ministros de Hacienda de España, Francia, Italia y Reino Unido han enviado una carta conjunta al secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, para convencer a Estados Unidos de que vuelva la negociación de una fiscalidad digital en el marco de la organización de países desarrollados OCDE.
Tras el portazo a la negociación de una tasa Google por parte de Donald Trump la semana pasada y su renovada amenaza de aranceles contra los países que sigan adelante con esta fiscalidad, los titulares de Hacienda de los cuatro países concernidos piden a Mnuchin que vuelva a la mesa de diálogo y ofrecen la posibilidad aplicar «por fases» la nueva tributación.
En esa misiva se alude al compromiso de enero pasado, suscrito por 137 países, entre ellos EEUU. En él se dió a la OCDE el mandato de tener listo el diseño de una nueva fiscalidad digital a finales del 2020 sobre la base, no ya de un impuesto sobre gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook o Apple (los Gafa, por sus iniciales), sino sobre una nueva tributación para toda gran multinacional con ventas digitales a otros países.
Este enfoque más amplio podría haber acabado espantando a EEUU de la negociación. Es por eso por lo que los ministros europeos invitan a Mnuchin a volver a la negociación sobre la base de una implantación «por fases» de la nueva fiscalidad, empezando por «los servicios digitales».
Eso, según los firmantes, podría facilitar un «acuerdo político antes de fin de año» y «abrir el camino para debatir con Estados Unidos posibles soluciones transitorias a las tasas nacionales sobre servicios digitales».
sigue adelante / Se da la circunstancia de que, precisamente, las iniciativas legislativas para implantar una tasa Google en los cuatro países firmantes se centran, exclusivamente, en los servicios digitales.
En España, por ejemplo, el proyecto de ley que ya ha recibido este mes de junio el primer aval del Congreso de los Diputados establece una tasa del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación on line y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
El tributo afectará a empresas con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones de euros e ingresos en España superiores a 3 millones.
Por eso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó ayer que la carta suponga un cambio en los planes del Gobierno. «La contundencia de la respuesta de estos cuatro países (firmantes de la carta) es expresiva de que España pretende seguir adelante con la tramitación en curso», dijo Montero tras el Consejo de Ministros.
La ministra española también reiteró el compromiso de adaptar el impuesto español a cualquier futuro consenso que se adopte en el seno de la OCDE sobre esta materia.
