La economía española va poniendo trimestres de por medio entre el presente y los reajustes masivos de plantilla vía despidos colectivos, suspensiones de contratos o reducciones de jornada experimentados durante la crisis. Estos, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, menguan progresivamente tras los años más traumáticos a nivel de destrucción de empleo y se encaminan a cerrar el año en niveles mínimos de la última década. La estadística acumulada hasta julio muestra el 10,3% menos de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE).

En los siete primeros meses del 2018 se han registrado un total de 1.954 procedimientos de este tipo en España, el 13,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. Estos se han producido en 1.300 empresas diferentes, el 26,2% menos, y han afectado a 31.554 trabajadores, el 10,3% menos. Cabe recordar que el 2017 cerró con 57.497 trabajadores afectados, lejos del máximo registrado en el 2012, cuando se alcanzaron las 483.313 personas.

La estadística detallada muestra que de estos 31.554 empleados involucrados, prácticamente la mitad (16.475) es debido a una suspensión de contrato, una cifra el 4,2% menor que entre enero y julio del 2017. Por su parte, los despidos colectivos sumaron 12.606 afectados, el 8,6% menos que en dicho periodo. Los implicados en una reducción de jornada fueron minoritarios, sumando un total de 2.473 personas, el 40,8% menos.

MADRID Y LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, LOS MÁS AFECTADOS

Los ERE afectaron con mayor intensidad a hombres que a mujeres, representando los primeros el 68% del total de implicados. Territorialmente, la Comunidad de Madrid es la autonomía que concentra más trabajadores afectados por expedientes colectivos, un total de 9.362 personas en los siete primeros meses del 2018.

Por actividad económica, la industria manufacturera acumuló entre enero y julio algo menos de la mitad del total de trabajadores involucrados por un ERE, un total de 14.779. Una cifra que, pese al descenso generalizado, ha aumentado el 4% respecto al mismo periodo del año anterior, explicado, principalmente, por la suspensión de contratos.