El peaje de las nueve autopistas de peaje quebradas, rescatadas y gestionadas por el Ministerio de Fomento bajará una media del 30% a partir del próximo 15 de enero de 2019, según anunció a ayer el titular de este Departamento, José Luis Ábalos. «Ello generará un aumento del tráfico de estas vías y de sus ingresos», según el ministro.

Las autopistas quebradas son la AP-41, que discurre entre Madrid-Toledo, las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la AP-36, entre Ocaña y La Roda, la AP-7 Cartagena (Murcia)-Vera (Almería), la Circunvalación de Alicante y la M-12 Eje Aeropuerto. A comienzos del 2019 Seittsa debe rescatar y pasar a gestionar la también autopista quebrada AP-41 Madrid-Toledo, la novena y última vía de pago aún pendiente de concluir su proceso concursal,

Se trata de las nueve vías de pago que quebraron durante la crisis, que el Ministerio de Fomento rescató a comienzos de este año y que desde entonces gestiona a través de su sociedad pública Seittsa. En estas autopistas no se aplicará así la subida media de 1,67% que registrará partir del 1 de enero el peaje en el resto de vías de pago de la red estatal. Este incremento es el que resulta de la fórmula de actualización anual automática que el Gobierno y el sector concesional pactaron en 2002.

Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley para, entre otras cosas, dar cobertura de rango legal al eventual cobro de peajes por parte la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), organismo dependiente de Fomento que ha asumido la explotación de las citadas vías.

El ministro aseguró que la bajada de los peajes es el único cambio que, en la práctica, introduce la ley en la gestión de Seittsa. Rechazó que la medida se vaya a utilizar para extender la actividad de la sociedad y cobrar también por el uso de otras vías. Este es uno de los argumentos que esgrimió el PP para rechazar el cambio legal.

El responsable de Fomento explicó que la norma es necesaria para que Seittsa siga explotando y cobrando peaje por las nueve autopistas quebradas mientras el Gobierno decide si vuelve a ceder su explotación a empresas privadas tal como planteó el anterior Ejecutivo,ya que su actual gestión depende de un convenio firmado en el 2017 que concluye el próximo 31 de diciembre.