La Comisión Europea (CE) ha puesto a andar su proyecto de salario mínimo europeo y lo ha hecho sondeando primero a los agentes económicos, para ver con que apoyos arranca la idea. Ayer el Ejecutivo europeo trasladó en forma de consulta a los interlocutores sociales, empresas y sindicatos la idea de que cada uno de los Estados miembros acabe elevando su sueldo mínimo hasta el equivalente al 60% del sueldo medio de cada país. La Comisión Europea inició así el proceso para cumplir con una de las promesas políticas de la nueva presidenta de la institución, Ursula Von der Leyen.

«Debemos continuar luchando por los más altos estándares en los mercados laborales, para que todos los europeos puedan vivir sus vidas con dignidad y ambición», defendió el comisario de Ocupación y Derechos Sociales, Nicolas Schmit. Esa referencia del 60% del salario medio de cada país surge de la Carta Social Europea, una declaración de derechos y principios rectores bajo los que se comprometen a actuar los (ahora) 28 Estados.

En España el salario medio se situaba en el tercer trimestre del 2019, según los últimos datos disponibles de la encuesta trimestral de costes laborales, en 1.877 euros brutos. Por lo que ese 60% del salario medio equivaldría a unos 1.126 euros brutos al mes; una cuantía todavía algo lejana a los actuales 900 euros que constituyen el salario mínimo interprofesional (SMI).

Uno de los primeros objetivos del recién formado Gobierno de Pedro Sánchez es el de actualizar el SMI para este 2020, ya que los vigentes 900 euros corresponden a la cuantía aprobada para el 2019. El presidente del nuevo Ejecutivo se comprometió durante su etapa en funciones a negociar su evolución con las patronales y los sindicatos. Y la hoja de ruta de estos últimos es negociar no solo la actualización para este 2020, sino acabar cerrando a la mayor brevedad posible un acuerdo de incremento para toda la legislatura actual, con el objetivo de finalizarla con un SMI que alcance ese 60% del sueldo medio.

RETICENCIAS / El camino para establecer un salario mínimo a escala europea inicia así un camino que no será corto. Para empezar, es probable que algunas de las diferentes patronales de los Estados miembros presenten resistencias, cuando no rechazo, a la hora de dar su ok a este tipo de medidas. Así se evidenció en una de las últimas votaciones del Comité Económico y Social de Europeo (CESE), órgano integrado por patronales, sindicatos y organizaciones civiles.

Dicho organismo acabó aprobando por la mínima el pasado mes de diciembre un dictamen en el que instaba a la Comisión a trabajar para que los Estados mejoraran sus prestaciones por desempleo.

Una recomendación de carácter genérico que levantó reticencias entre el empresariado de varios países y que coincide en paralelo con otra de las promesas de Von der Leyen: establecer un seguro común por desempleo. Este sería costeado mediante un fondo común alimentado por las aportaciones de los Estados y aspiraría a complementar los diversos sistemas de protección ante el paro.