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EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Unión Europea podría obligar a hacer fijos a 800.000 interinos

Hay funcionarios que encadenan 10, 20 o hasta 30 años de contratos temporales. El Tribunal Europeo debe pronunciarse ante dos cuestiones sobre este asunto

 

Vista de la delegación especial de Hacienda en Madrid. - efe / david fernández

SARA LEDO
10/07/2019

Cerca de 800.000 funcionarios interinos y temporales esperan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligue a España a hacerlos fijos. El Tribunal Europeo debe pronunciarse sobre dos cuestiones prejudiciales presentadas por dos juzgados de Madrid, tras la demanda de tres trabajadores interinos y temporales del Servicio Madrileño de Salud que suman entre 12 y 18 años de contratos temporales y piden su conversión a personal fijo.

Una de ellas es el caso de Domingo Sánchez Ruiz, «interino de vacante pendiente de oposición al año siguiente o en dos» en el servicio de informática del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Su plaza nunca llegó a salir a concurso y lleva así diez años, aunque no es el único en su oficina: el 80% de los informáticos del Sermas son interinos, dice.

Por su parte, Mercedes Carrillo trabaja en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid como interina de educación especial. Tiene 55 años y lleva 17 haciendo esta función. «En el centro en el que trabajo, de 12 personas solo hay 1 fija, el resto somos temporales», explica y añade que en esta categoría entre el 75% y el 80% de los trabajadores tienen un contrato temporal.

Hay muchos más ejemplos de trabajadores que encadenan 10, 20 o 30 años de contratos temporales, como el de Raúl Pérez, nombre ficticio de un médico de urgencias de la Comunidad de Madrid, que lleva así diez años. O el de María Luisa, que con 55 años lleva 20 en la administración de justicia como interina: «Yo hago el mismo trabajo que cualquier funcionario de carrera, con la diferencia de que en cualquier momento te cesan y no tienes indemnización».

El abogado general de la Unión Europea debería pronunciarse mañana sobre el tema, pero finalmente no será hasta el 5 de septiembre cuando dé su opinión. Después, llegará la sentencia que –confían– lo cambie todo y a la que podrían suceder un aluvión de demandas.

El abogado Javier Arauz, que se encarga de la defensa de cerca de 5.000 casos de este tipo, considera que las administraciones públicas incumplen el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que en su artículo 10 obliga a convocar procesos selectivos todos los años, incluidas todas las plazas vacantes servidas por funcionarios interinos en dichas Ofertas Públicas de Empleo. Así, según datos de este despacho, la temporalidad en Sermas asciende al 40,20%.

Además, defiende que la temporalidad continuada en la Administración Pública contradice la directiva europea 1990/70/CE, relativa al trabajo temporal, que establece dos principios: la no discriminación entre el personal fijo y el temporal y la prohibición del abuso en la contratación temporal sucesiva. Esta directiva es del año 2001, con lo que «el problema debería haberse solucionado hace 18 años», advierte Arauz, quien se aferra en la directiva para obtener un resultado favorable. Sin embargo, no ha sido hasta el 2017 cuando el Gobierno llegó a un acuerdo con los sindicatos para convocar oposiciones y cubrir las plazas de los interinos, con el objetivo de reducir la temporalidad al 8%. Pero los interinos se quejan de que después de años de experiencia no pueden competir con recién formados y se les abandona en un mercado laboral en el que no hay empleo para ellos.

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