Tiempos de hastío

El torturante manejo de los tiempos políticos y constitucionales desde el pasado 20 de diciembre ahonda en la sangrante herida de la credibilidad ciudadana en nuestras instituciones democráticas que ya venían seriamente tocadas por un proceso de degradación al que debía poner fin el cambio político operado el diciembre pasado. Sin embargo, la realidad parlamentaria nacida de dicho proceso electoral alumbró un escenario de duda, confusión y zozobra al que se ha sumado una asfixiante administración de los tiempos.

Los tiempos constitucionales son los que son ex lege y no admiten alteración: convocatoria electoral en octubre, 20 de diciembre del 2015, constitución cámaras en enero del 2016, primera investidura, dos meses previos a la disolución automática, dos meses de proceso electoral, 26 de junio del 2016, constitución de cámaras en julio del 2016, …. En fin, repetir unas elecciones suma medio año al que ya implica cualquier elección. Curiosamente, nuestros padres constituyentes, lejos de imaginar este escenario, se debatieron entre limitar el plazo para repetir elecciones entre los quince días previstos en el Anteproyecto de Constitución y, tras la enmienda de Raúl Morodo proponiendo incrementarlo a un mes, y los dos meses que permitieran la necesaria reflexión que evitara una segunda convocatoria electoral. La disolución automática de las Cámaras --también conocida en doctrina como disolución sancionatoria-- busca presionar a los parlamentarios electos con la pérdida de su credencial ante su incapacidad para investir a un presidente del Gobierno. Sin embargo, el fin pretendido por el constituyente ha sido pervertido por la realidad y el tacticismo político.

Algunos partidos políticos, lejos de sentirse amenazados por una nueva convocatoria electoral vislumbran en unas nuevas elecciones una ventajista oportunidad electoral de incrementar sus resultados y alcanzar una mejor posición institucional. El proceso abierto tras las elecciones constituye una burda edición del juego del siete y medio: poner permanentemente en jaque al contrario pero sin sobrepasar el rubicón que frustre las nuevas expectativas electorales. Así jugaron, tras el 20 de diciembre, PP y Podemos y sigue haciéndolo el PP tras el 26 de junio.

Pero la estrategia anterior, para tener éxito, obliga sumar a los ya dilatados plazos constitucionales un torturante e injustificado uso de los tiempos políticos: duplicar los procesos de consultas del Jefe del Estado, asumir el candidato la capacidad de decidir la fecha del debate de investidura posponiéndola durante semanas y/o meses excusándose en un supuesto proceso negociador, contactos con los partidos políticos a razón de sendas reuniones semanales, … Y, mientras tanto, las ruedas de prensa matinales y vespertinas o las tertulias con las que amanecemos y nos acostamos se ven obligadas a alimentar una realidad comunicativa que intensifica el sentimiento de frustración en el conjunto de la sociedad.

Pudiera parecer que los plazos generosos y el paso del tiempo juega a favor de los pactos y los acuerdos pero, desgraciadamente, no es así. Esta fraudulenta administración veraniega de los tiempos políticos únicamente obedece a una táctica: crear la falsa ilusión ciudadana en el intento de pacto para dejar correr el tiempo que conducirá a la celebración de las sesiones de investidura necesarias cuando las circunstancias políticas lo posibiliten --en mi hipótesis inicial, cuando el PNV se deshaga de su particular losa electoral y pueda depositar su voto afirmativo a la investidura de Rajoy--.

Resulta evidente que nuestra cultura y tradición política todavía no están a la altura de las exigencias de diálogo y acuerdo derivadas de un sistema parlamentario multipartidista por lo que habrá que buscar y encontrar en futuras reformas legales y, esperemos, constitucionales, mecanismos de cierre del sistema de investidura presidencial que eviten, en el futuro, el dantesco espectáculo de, al menos, un año de gobierno perdido. H

*Diputado del PSPV-PSOE por Castellón