Los siete miembros de los CDR detenidos desde el lunes acusados de terrorismo se encuentran ya en la Audiencia Nacional donde el juez que instruye el caso, Manuel García-Castellón, les tomará declaración a lo largo de este jueves. Lo seguimos en directo.

El ministerio público considera que los siete detenidos formaban un "grupo terrorista de índole secesionista catalán" y que preparaban atentar entre el segundo aniversario del 1-O y la sentencia del Supremo. Al menos dos de los detenidos han admitido ante la Guardia Civil que compraron material para preparar explosivos con el objetivo de "meter ruido" cara al 1-O. Hicieron la confesión después de que los agentes les mostraran vídeos y documentos gráficos en los que aparecen algunos de ellos haciendo pruebas con las sustancias explosivas. Los dos activistas que han confesado se encargaban, precisamente, de la fabricación y combinación de esas sustancias, según informan fuentes cercanas a la investigación.

Las mismas fuentes confirman que, a raíz de la confesión, otros miembros del grupo de activistas de los CDR radicalizados han comenzado a renunciar "como un castillo de naipes" a las coartadas que esgrimían. No es el caso de uno de los encargados de la "cocina" de explosivos, que se supo grabado desde los primeros momentos del arresto, antes de salir de Barcelona. Ninguno de los arrestados ha querido hasta ahora asumir ante la Guardia Civil el liderazgo del grupo.

MÁS DE UN AÑO DE SEGUIMIENTO

En la 'operación Judas' que puso en marcha el lunes la Guardia Civil por orden del juez se les intervino material para fabricar explosivos caseros además de información, e incluso planos, sobre edificios públicos, entre los que figura una casa cuartel de la Guardia Civil.

La operación, que se encuentra bajo secreto sumarial, es fruto de una investigación de más de un año durante el que se han practicado numerosas intervenciones telefónicas, según apuntan fuentes jurídicas. El juez decidió ponerla en marcha ante la "certeza" de que se iban a perpetrar acciones terroristas entre el aniversario del 1-O y la sentencia del 'procés', que está previsto que se dicte entre el 10 y el 14 de octubre.

La defensa de los detenidos --ejercida por abogados de la asociación Alerta Solidaria-- ha denunciado que los detenidos han sido víctimas de un "montaje con intencionalidad política" y que la acusación contra ellos carece de sustento, puesto que se basa en "futuribles" y en la incautación de sustancias de fácil acceso para cualquiera.