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EL ÓRDAGO SOBERANISTA

El día y la noche judicial: del 9-N al 1-O

El Tribunal Constitucional y la fiscalía, dispuestos para actuar incluso en fin de semana. El TSJC tuvo que frenar la iniciativa fiscal para poder canalizar las actuaciones contra el referéndum

 

El CGPJ propone al Gobierno aumentar los jueces para las salas de Apelación. - CARLOS MONTAÑÉS

ÁNGELES VÁZQUEZ
01/10/2017

Aunque cualquier comparación puede ser odiosa, resulta difícil no recordar la actividad judicial con que se afrontó el 9-N del 2014 viendo la desplegada contra el 1-O. El día y la noche. Como si aquel ensayo no hubiese sido satisfactorio y ahora, el día del estreno, todo se quisiera hacer distinto. Los papeles protagonistas se les han reservado al Tribunal Constitucional (TC) y a la fiscalía, muy pendientes de lo que pase a partir de ahora.

En el 2014, el peso se dejó recaer en los hombros del Constitucional, que aún no contaba con las nuevas facultades que le proporcionó el PP poco antes de perder su mayoría absoluta a finales del 2015. Y se limitó a declarar la inconstitucionalidad de la consulta, sin que su actividad fuera apenas acompañada por la fiscalía.

Aquella no intervención del ministerio público, tres años después se ha transformado en un ímpetu que ha hecho necesario que el propio Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) corte, recordando que una vez judicializadas unas actuaciones cualquier iniciativa debe ser canalizada por el juez. 

ALCALDES Y TODAS LAS POLICÍAS

Hasta ese momento, las instrucciones fiscales se sucedían. La más destacada fue la de abrir diligencias contra los 712 alcaldes que habían firmado el decreto de cesión de locales al Govern, con la intención de que recapacitaran y no formalizaran ese apoyo a un referéndum que ya había suspendido el TC. Involucraron a las policías locales y ordenaron a Mossos, Guardia Civil y Policía intervenir cualquier objeto del delito, lo que en este caso significa urnas, papeletas, censos, webs…

Mientras los alcaldes o no comparecían (los de la CUP) o se negaban a declarar (PDECat), las nuevas armas del Constitucional han demostrado en su estreno una eficacia asombrosa, al menos hasta ahora. La imposición de multas coercitivas diarias de 12.000 y 6.000 euros a la sindicatura electoral catalana motivaron el cese de todos sus miembros, lo que deja la consulta huérfana del instrumento de garantías con el que había previsto dotarla el propio Parlament.

Pero nadie se termina de fiar y el Constitucional se reunirá de urgencia este mismo fin de semana, si al Govern se le ocurre volverles a nombrar, lo que supondrá que tengan que afrontar el pago íntegro de las multas desde el pasado día 23 (24 horas después de que el auto de imposición se publicara en el BOE) hasta al menos el referéndum. También se actuará si los designados son otros y la Abogacía del Estado presenta un incidente de ejecución urgente. De momento, la única convocatoria oficial que tienen los magistrados para volver a pronunciarse sobre los incidentes relacionados con el ‘procés’ que tienen entre manos será el martes, día ya previsto para celebrar el pleno.

EN EL TSJC Y EN LA AUDIENCIA NACIONAL 

Simultáneamente, la fiscalía ha logrado abrir dos procedimientos principales, uno ante el TSJC contra el Govern por la firma del decreto de convocatoria, que es el que ha centralizado las últimas actuaciones contra el 1-O, y otro en la Audiencia Nacional por un delito de sedición por las protestas de los días 19 y 20 en Barcelona contra los arrestos y registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13. No obstante, espera expectante ver qué ocurre este fin de semana para decidir si debe interponer nuevas denuncias o ampliar alguna de las ya en curso, si los presuntos autores son los mismos.

Por su parte, el 'conseller' de Justícia, Carles Mundó, ha anunciado una querella contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, con pocos visos de prosperar. Entre otras cosas, le acusa de la persecución de un hecho no delictivo como es la convocatoria de una consulta, obviando que está suspendida por el Constitucional, y del despliegue a la Guardia Civil y la Policía en Cataluña, por considerarlo una provocación.