Una vez hecha pública la sentencia que ha determinado qué ocurrió en Catalunya en el otoño del 2017 se ha abierto un nuevo escenario no solo para los condenados, sino también para los huidos. La condena de los líderes del ‘procés’ supone una nueva baza para volver a tramitar una euroorden contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 'exconsellers' que le acompañaron en la huida.
Se trata de una decisión que solo puede tomar al magistrado que instruyó la causa del 'procés', Pablo Llarena, quien mantiene una pieza contra los huidos, que estará paralizada hasta que estén a disposición de la justicia española. Llarena podría incluso, si lo entendiera más conveniente, no volver a tramitar las euroórdenes, aunque no parezca la opción más probable, ya que el objetivo de la justicia siempre es intentar que los presuntos responsables de un delito respondan ante los tribunales.
De ahí que antes o después el juez tenga que tomar una decisión: volver a intentar lograr la entrega del que como presidente de la Generalitat era el máximo responsable de lo que ocurría en Catalunya. Pero, ¿cuándo se puede reactivar la euroorden? Las fuentes consultadas han señalado que hay tres momentos para hacerlo. Uno sería si Puigdemont abandonara Bélgica, lo que, como se comprobó el pasado 2 de julio, cuando se constituyó el Parlamento Europeo, parece que no entra en los planes del 'expresident', que solo se atrevió a acercarse hasta Alsacia, dentro de las fronteras de Alemania, país que ya rechazó su entrega.
Mismo criterio
Eso contribuye en gran medida a que se apunte a la sentencia como esa segunda oportunidad, según el mismo criterio que siguió el Supremo cuando reactivó las euroórdenes tras dictarse el auto de procesamiento contra los líderes del 'procés'. Ante las objeciones que empezaba a plantear la justicia belga, el magistrado retiró la petición de cooperación judicial y solo la volvió a tramitar cuando, una vez realizada la investigación, entendió que los indicios planteados en un primer momento se habían visto corroborados: la acusación se había reforzado y podía intentarse de nuevo la entrega.
Ahora se trata de un paso todavía más allá, el determinante: una petición respaldada por una sentencia dictada nada menos que por la cúspide del ordenamiento jurídico español, tras cuatro meses de juicio, emitido íntegramente por televisión, y por el que desfilaron más de 400 testigos. Se trata de las conclusiones alcanzadas por siete magistrados de perfiles muy distintos, que deberían ser muy tenidas en cuenta por los tribunales de otros países.
Tras Europa
Otro momento para volver a requerir a Puigdemont sería cuando se pronunciara la justicia europea, a la que los acusados llevan meses queriendo acudir. Eso significaría demorar la petición de entrega unos tres años, porque sería después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hubiera ratificado la actuación de la justicia española al rechazar los recursos de los condenados por el Supremo.
El próximo movimiento de fichas que se producirá fuera de España será en relación a la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, como europarlamentario. El alto tribunal espera que esa resolución reafirme su criterio contra la petición del condenado y que se sume a la "lluvia fina" que están suponiendo otras resoluciones europeas que rechazan las pretensiones de los que compartieron banquillo con él. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la demanda de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra su prisión. La idea es que estas decisiones que se están dictando en Europa ayuden a mirar de otra forma los intereses de la justicia española cuando se tramiten nuevas euroórdenes, tanto si se hace tras la sentencia, como si se espera al pronuncimiento final.
