Decepcionante, sorprendente y doloroso. Estas fueron las palabras más repetidas entre las entidades civiles que defienden los derechos humanos en los procedimientos de control de fronteras tras conocerse el fallo de la Gran Sala de Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que cambia de criterio y avala las devoluciones en caliente.

El fallo considera, al contrario que la primera sentencia de los jueces de Estrasburgo en 2017, que al realizar la devolución sumaria de dos inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en 2014 España no violó la Convención Europea de Derechos Humanos. En cambio, para las principales organizaciones civiles que trabajan en control de fronteras, las expulsiones en caliente sin ningún tipo de tutela legal efectiva son ilegales conforme al derecho internacional.

El fallo de la gran sala considera que, aunque las dos personas que saltaron la valla en 2014 disponían sobre el terreno de varias vías para solicitar su entrada regular en España, decidieron no usar los procedimientos legales para hacerlo. Por tanto, lo que sucedió despúes (su arresto por la Guardia Civil y su devolución sin que pudieran consultar un abogado o un médico) fue «consecuencia de su propia conducta».

Esta ha sido la premisa que ha causado discrepancias entre muchas organizaciones de derechos humanos. «La sentencia no solo ignora la realidad de Marruecos y la frontera, sino todo lo que se había demostrado en el proceso. Se aportó un documento del Ministerio de Interior donde se reconocía que no se había recibido ni una sola solicitud de asilo en todo un año por parte de subsaharianos en las oficinas de Ceuta y Melilla. Si nadie se está presentando en las oficinas es sencillamente porque no pueden llegar», denuncia Francisco Solans, vicepresidente y portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

Para Solans, esta sentencia es «muy peligrosa» ya que «decir que las personas se colocan en un espacio de no derecho por no seguir los procedimientos adecuados cuando se ha demostrado que estos son inaccesibles es dar a los Estados una receta para restringir derechos. A partir de ahora es muy sencillo, cuando tú no quieras reconocer un derecho a alguien no tienes más que ponerle un requisito legal complicado».

Otras organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunciaron la imposibilidad de acceder al puesto fronterizo de Beni Enzar (que marca la línea entre Melilla y Marruecos) para pedir asilo. Según Diego Fernández, abogado de los servicios jurídicos de la entidad, «nos están llegando casos de que la llegada a Beni Enzar se hace de manera clandestina, y hemos observado que hay algunos perfiles con muchas más dificultades para llegar, como los subsaharianos, yemeníes o irakíes, que tienen altas tasas de reconocimiento de protección internacional».

Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), manifestó también su condena al fallo. Su coordinador en la Comunitat, Jaume Durá, también señaló que «ningun subsahariano pudo solicitar asilo en los puestos fronterizos el pasado año». Además remarcó que «las vías legales de entrada son lo que las ONG llevamos pidiendo muchísimo tiempo, porque aunque estén recogidas por la ley, en la práctica no se dan».

Marruecos como gendarme

Solans denunció también la actitud «maquiavélicamente hábil» del Ministerio de Interior, porque «ha convencido a Marruecos de que construya otras vayas más grandes, más altas y más fuertes, pero un poquito más para allá de nuestras fronteras».

En este hecho incidió Durá, que señaló que «las llegadas a la frontera sur se han reducido un 50 % el año pasado gracias a que Marruecos está como gendarme europeo controlando las fronteras». «Si además de externalizar las fronteras lo que avalas es que cualquier persona que llegue a España pueda ser devuelta sin garantías jurídicas lo que dices es que casi ninguna persona del sur global puede llegar a territorio español», apuntó Durá. Desde el Servicio Jesuita de Inmigrantes anunciaron que trabajarán «para que ninguna persona se vea obligada a saltar una valla para pedir protección internacional».

El Tribunal Constitucional, que tenía previsto pronunciarse sobre este asunto pero decidió esperar a la decisión de Estrasburgo, también anunció ayer una modificación de su proyecto de sentencia para alinearse con Europa y aceptará las devoluciones en caliente.

Otras organizaciones como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han celebrado la sentencia de Estrasburgo y declararon que «es un hito por cuanto refuerza la seguridad jurídica de nuestros compañeros frente a las avalanchas de inmigrantes que tratan de rebasar ilegalmente la frontera de Ceuta Y Melilla.