Si el rey Juan Carlos quería un abogado de prestigio, presente en casi todos los asuntos judiciales relevantes, y a la vez distante con la prensa y de carácter reservado, Javier Sánchez-Junco ha sido una buena elección. La propia Casa del Rey, en el comunicado en el que Felipe VI renunciaba a su herencia, anunciaba que será este exfiscal anticorrupción quien se ocupe de representar al rey emérito.
Esa nota afirmaba que, «en el ejercicio del derecho a la defensa, será a partir de este momento quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar y se consideren procedentes». Su examiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein también ha recurrido a un abogado en Londres para hacer públicos los comunicados que pueden ayudarla a su defensa.
La designación de Sánchez-Junco, fiscal del juicio del caso Banesto, parece una apuesta por la solvencia y el conocimiento de los tribunales y, en concreto de la Audiencia Nacional, que se presume a todos los que pasaron por ella como jueces o fiscales y que luego optaron por ejercer la abogacía. De hecho, en Anticorrupción y en la Audiencia Nacional se concentran los dos frentes que le pueden dar más quebraderos de cabeza al rey emérito en España por el cobro de comisiones del AVE a La Meca que se oyó confesar a Corinna en un audio grabado por el excomisario José Manuel Villarejo.
El bufete Sánchez-Junco Abogados, abierto en el 2001, se define en su web como «una firma especializada en el asesoramiento y la defensa jurídica en el ámbito del derecho de empresa y del derecho penal-económico». Destaca sus relaciones internacionales, que pueden venir bien al monarca si Corinna acaba denunciándole en Londres o ante cualquier actuación de la fiscalía suiza que investiga una donación de 65 millones de euros procedente de Arabia Saudí a una fundación de la que es beneficiario.
Letrado de banqueros
Sánchez-Junco fue también el abogado del exconsejero delegado de BSCH Ángel Corcóstegui en el caso de las jubilaciones millonarias del Santander y, más recientemente, del exdirector de legal del BBVA Eduardo Arbizu, imputado por los encargos que el banco hizo al excomisario Villarejo.
Ahora es el abogado del empresario Javier López Madrid, yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, en causas como las tarjetas black y las denuncias de la dermatóloga Elisa Pinto, en las que a través de su móvil se conoció su amistad con Felipe y Letizia.
