Cuando toda España estaba pendiente de la evolución del coronavirus, saltó una noticia que aparecerá en los libros de historia: Felipe VI comunicó que renunciará a la herencia de su padre y también le retira la asignación que hasta ahora recibía a cargo de los Presupuestos del Estado por las informaciones sobre unas cuentas en Suiza. Un reportaje de The Telegraph, el sábado, señaló al actual jefe del Estado como beneficiario de una de ellas.

La abdicación de Juan Carlos I, en 2014, quiso ser un cortafuegos ante la grave crisis institucional que vivía la monarquía española por el escándalo de la cacería en Botswana y el caso Nóos, principalmente. Pero no ha sido suficiente. Después del traspaso de la Corona aumentaron las informaciones sobre la oscura fortuna del Rey emérito. Este fin de semana, tras varios días de noticias en la prensa suiza, británica y española en torno a las investigaciones judiciales sobre posibles comisiones ilegales recibidas por Juan Carlos, Felipe VI decidió que había llegado el momento de dar un paso decisivo para que esas sombras sobre su padre no le afecten a él ni tampoco a la institución que representa.

En un comunicado hecho público a última hora de la tarde, Felipe VI hizo saber que renuncia «a la herencia que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada».

Los abogados de Corinna / La información que ha activado las alarmas en la Zarzuela es la que publicó The Telegraph, según la cual el actual jefe del Estado es el segundo beneficiario de una fundación offshore donde se ingresó una supuesta donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí a su padre. Esa cantidad se habría depositado en una cuenta abierta en el banco privado Mirabaud, a nombre de la Fundación Lucum.

En el comunicado, Felipe VI introdujo una cronología con todas las actuaciones que llevó a cabo en la primavera del año pasado, después de conocer, el 5 de marzo del 2019, que era beneficiario de la Fundación Lucum si su padre fallecía. Supo que era beneficiario, señala el comunicado, por una carta que le mandó a la Casa del Rey el despacho Kobre&Kim, abogados de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, cuyo nombre saltó a la luz pública con la cacería de Botswana, en el 2012, ya que Juan Carlos y ella mantenían una relación de pareja. De esa cuenta, el antiguo Monarca ingresó varios millones a Corinna en otra cuenta en Bahamas en aquel mismo año.

Al tener conocimiento de ello, Felipe trasladó copia de la carta de los abogados a Juan Carlos y «a las autoridades competentes» [que Zarzuela no concreta], el día 21 de marzo del 2019, y comunicó a los abogados que no designaría a ningún representante legal para «iniciar negociación alguna» con ese bufete porque no tenía ni «conocimiento, participación o responsabilidad en los presuntos hechos que mencionaba». Después se fue al notario, el 12 de abril, para manifestar que había pedido a su padre por carta que, «si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación». Además, Felipe VI asegura que no tiene conocimiento de ser beneficiario de la Fundación Zagatka, como dicen algunas informaciones.

Zarzuela se desmarca / El comunicado subraya que el Monarca actual quiere cumplir la palabra que dio en su discurso de proclamación, el 19 de junio del 2014. «La Corona debe (…) velar por la dignidad de la Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social», dijo.

El comunicado, de tres páginas, también guarda un espacio para la voz de Juan Carlos. Se lee que el Rey emérito ha pedido a la Zarzuela que diga que, «en ningún momento facilitó información» a su hijo de las dos fundaciones citadas (Lucum y Zagatka) y que ha designado al abogado Javier Sánchez-Junco Mans para que le defienda y para dar a partir de ahora «cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar». Es decir, la Zarzuela ya no informará de nada de Juan Carlos. Este recuerda en el comunicado que el 27 de mayo de 2019 se retiró de la vida pública.

La decisión de Felipe fue apoyada por PP, Vox y Ciudadanos, que la vieron «ejemplar». Se da la circunstancia que PP, Vox y también el PSOE impidieron esta semana que el Congreso investigara las finanzas de Juan Carlos.