La Fiscalía del Supremo ha asumido la investigación del presunto pago de comisiones por la construcción del AVE que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí, al haberse situado entre los beneficiarios a Juan Carlos I. Deberá «delimitar o descartar» la relevancia penal de lo ocurrido después de junio del 2014, cuando el rey abdicó y dejó de ser jefe de Estado, con lo que perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución y se inició el momento desde el que puede ser investigado.
Hasta ahora la investigación había correspondido a la Fiscalía Anticorrupción, que en diciembre del 2018 abrió unas diligencias para determinar el destino de los 80 millones de dólares que la empresaria y examante del rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein contó en el 2015 al excomisario José Manuel Villarejo que habría recibido Juan Carlos por la adjudicación del AVE del Desierto a empresas españolas cuatro años antes.
La grabación fue una de las intervenidas al polémico policía en el sumario del caso Tándem en el que se investigan las cloacas policiales.
AFECTADO DIRECTO / En una nota, la Fiscalía General del Estado explica que «resulta preciso la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito, quien se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo».
La fiscala general, Dolores Delgado, dictó el pasado viernes un decreto para asignar el caso al fiscal de Sala del Supremo de Delitos Económicos Juan Ignacio Campos, que contará con el auxilio de tres fiscales del alto tribunal ante «la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación».
Anticorrupción seguía a la espera de una segunda comisión rogatoria cursada a Suiza en relación con las cuentas opacas vinculadas al rey, cuya existencia quedó confirmada a través de la Casa Real, cuando su hijo, Felipe VI, renunció a su herencia y le suspendió la asignación anual.
La investigación española deberá determinar si las mantenía después de perder la inviolabilidad y si ello es constitutivo de delito. Nada más conocerse también su relación con fundaciones panameñas, el rey Juan Carlos informó de que había contratado los servicios de un prestigioso abogado penalista que había sido fiscal Anticorrupción, Javier Sánchez-Junco.
COHECHO Y CORRUPCIÓN / Desde la apertura de las diligencias fiscales, tras el cierre de la pieza relativa a las grabaciones de Corinna, en el caso Tándem, el ministerio público investigaba los delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales que habrían podido cometer las empresas españolas adjudicatarias del AVE a La Meca.
En esas diligencias se había tomado declaración a varias personas, como Shahpari Zanganeh, esposa del traficante de armas ya fallecido Adnan Khashoggi, a la que se consideraba encargada del reparto de las comisiones, y a la propia Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que manifestó haber declarado todo lo que sabía, pero ignorar cualquier detalle.
En un comunicado de sus abogados, la empresaria reconoció haber recibido una transferencia del rey emérito, como un «regalo no solicitado» para ella y su hijo, por el cariño que les profesaba.
Con la asunción por parte de la fiscalía del alto tribunal de la investigación se complica cualquier paso por parte del juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Tándem, contra el Monarca, si finalmente decide reabrir la pieza relativa a las grabaciones de Corinna.
La pieza denominada Carol del caso Tándem que investigaba esas conversaciones, abierta a mediados del año 2018, se archivó provisionalmente dos meses después debido a la falta de pruebas y a la inviolabilidad de Juan Carlos I en el momento de los hechos.
